Este 20 de marzo, en Zaragoza, representantes de los sindicatos médicos han hecho un llamado claro para que se retire un decreto que altera el funcionamiento de los equipos de Atención Primaria en Aragón. Anticipan que la huelga programada para el lunes 24 de marzo será de tal magnitud que no se podrá ignorar. Los representantes han dejado claro su compromiso de continuar las negociaciones con la Consejería de Sanidad, sin ceder a la presión.

La vocería de los sindicatos ha estado en manos de figuras destacadas como Leandro Catalán, presidente de Fasamet; Mercedes Ortín, secretaria general de CESMAragón; y María Cruz Oliván, secretaria autonómica de Satse. Durante una rueda de prensa, explicaron los fundamentos de su oposición al decreto y los detalles de las movilizaciones que están en marcha.

Los actos de protesta han comenzado a materializarse con paros de 15 minutos en todos los centros de salud de la comunidad, que se llevaron a cabo este jueves. Los sindicalistas también se unieron a una concentración en el Centro de Salud de La Jota, en Zaragoza, para mostrar su descontento.

Mercedes Ortín, representante de CESMAragón, enfatizó que la implementación del decreto conlleva un detrimento significativo en la calidad de la atención médica y provoca en los profesionales una sensación de "impotencia absoluta". Esta situación, según ella, se ha convertido en una fuente de preocupación constante para los médicos.

La modificación en cuestión pretende integrar a los profesionales de Atención Continuada en la Atención Primaria, reduciendo la prestación de ciertos servicios en varios centros de salud de la capital aragonesa y trasladándolos a centros de especialidades. Esta reestructuración ha despertado la preocupación de los médicos, quienes sienten que se trata de un cambio perjudicial.

Durante una reciente asamblea, hasta 400 facultativos expresaron su inquietud y solicitaron a los sindicatos que resistieran ante este decreto. Ortín destacó que "cuatrocientos compañeros no pueden estar errados", al tiempo que criticó que el nuevo documento fue discutido en un marco de negociaciones que no incluía a todos los sindicatos representativos de los trabajadores de la salud.

La portavoz del sindicato también destacó que los responsables de esta situación son claramente identificables: el Gobierno de Aragón y su Consejería de Sanidad. Atribuyó a la "improvisación" y a la falta de diálogo las razones principales de su oposición, advirtiendo que la nueva normativa compromete tanto la calidad del servicio como la seguridad de los pacientes.

Además, Ortín subrayó que las movilizaciones cuentan con el apoyo de la ciudadanía en general, incluyendo a pacientes, consejos de salud y diferentes organizaciones políticas. De hecho, las Cortes de Aragón recientemente aprobaron una iniciativa, apoyada por todos los partidos menos el PP, para exigir la anulación del decreto.

Pese a las dificultades, Leandro Catalán ha pedido disculpas anticipadas por las molestias que causará la huelga del 24 de marzo, que será complicada de gestionar debido a que los servicios mínimos no satisfacen las necesidades adecuadas. Con solo un médico, un pediatra y un enfermero por turno, la atención en los centros se verá limitada. También hizo hincapié en que no se ha comunicado adecuadamente a la población, evidencia de que "las agendas del día están abiertas".

Ante esta situación, se ha decidido enviar una carta al Departamento de Sanidad para exonerar a los trabajadores de cualquier responsabilidad que pudiera surgir a raíz de los afectados servicios mínimos.

Asimismo, Catalán resaltó la disposición de los sindicatos de acudir a una reunión con la Consejería de Sanidad y reiteró su interés por resolver la situación, asegurando que están abiertos a desconvocar la huelga si las circunstancias lo permiten.

Por su parte, Ortín ha criticado fuertemente al gobierno aragonés, señalando que se está creando un relato que justifica la imposición de un decreto que altera de manera fundamental la atención tanto en Zaragoza como en el área rural. En su opinión, el Departamento de Sanidad no fue lo suficientemente consciente de lo que estaba discutiendo.

Respecto al modelo anterior, Ortín recordó que antes, la Atención Continuada era suministrada por personal del 061, y se ha mostrado escéptica sobre la necesidad del nuevo enfoque, que considera menos eficiente.

Finalmente, instó al Gobierno de Aragón a reconsiderar el decreto y dejarlo "en un cajón" para revisarlo a fondo, dado que la implementación no es urgente y hay tiempo hasta 2026 para adaptar los cambios necesarios en el sistema de salud.

María Cruz Oliván, representante de Satse, por su parte, también criticó el proceso anterior que llevó a la elaboración del decreto, señalando que fue vago y carente de detalles. Además, se refirió al corto periodo de alegaciones como una limitación significativa que afecta el diálogo necesario.

Las protestas no cesan, ya que, junto a la huelga ya anunciada, se programan más concentraciones frente a las sedes de la Consejería de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud, que se llevarán a cabo el 24 y el 31 de marzo.