Quince meses de demora: el PP exige responsabilidades por los accesos a Sabiñánigo
El PP exige explicaciones al Ministerio por los quince meses de demora en los accesos a Sabiñánigo, afectados desde 2025 por la paralización de la A-23.
El Partido Popular de Huesca exige al Ministerio de Transportes que explique por qué han pasado quince meses sin ordenar actuaciones para recuperar los accesos a Sabiñánigo. Los problemas se arrastran desde el verano de 2025, cuando se paralizaron los trabajos de la variante de la A-23.
La obra, iniciada en febrero de 2020, quedó detenida por un conflicto económico con la empresa adjudicataria. Según el Gobierno, apenas restaba un 2% por ejecutar en el momento de la paralización. En julio, el Ministerio anunció la resolución del contrato.
El Gobierno ha exigido ahora a la UTE formada por Aldesa y Rover que tenga los medios necesarios el 5 de noviembre para acometer trabajos valorados en 1,02 millones de euros, con un plazo de tres meses. La administración amenaza además con incautar 3,89 millones de euros si la empresa no cumple.
El PP cuestiona la credibilidad de ese calendario. Su portavoz en el Ayuntamiento de Sabiñánigo, Pepe Cebollero, sostiene que resulta difícil confiar en una empresa que ya paralizó una obra casi terminada, y advierte de que la solución podría no estar lista hasta febrero.
Las consecuencias afectan a un amplio tejido económico y social. Según las cifras citadas por el partido, 52 entidades del territorio han denunciado perjuicios a más de 150 vehículos de transporte de mercancías, 15 líneas de autobús, 21 rutas escolares y 267 agricultores, además de al comercio, la hostelería y los servicios de emergencia.
La cuestión llega en un momento sensible para la economía de los valles del Aragón y de Tena, donde la temporada de esquí y el puente de diciembre concentran buena parte de la actividad turística. El PP reclama un calendario de apertura, garantías de ejecución, un plan alternativo en caso de incumplimiento y explicaciones sobre las decisiones tomadas por el Ministerio. El desenlace dependerá de si la empresa cumple el plazo del 5 de noviembre y de la capacidad de la administración para exigir responsabilidades.