En Zaragoza, el 21 de noviembre, se está gestando una nueva propuesta legislativa impulsada por Jorge Pueyo, diputado del grupo Sumar y miembro de Chunta Aragonesista (CHA). Su iniciativa busca obligar a los centros de datos a informar sobre su gasto en recursos como energía y agua, en un intento por adaptar la normativa europea a la realidad local. Además, Pueyo aboga por una planificación rigurosa de la expansión de estas instalaciones, sugiriendo una evaluación exhaustiva de su impacto ambiental y promoviendo prácticas sostenibles.

Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la co-portavoz federal del Partido Verde, Mar González, Pueyo destacó que la expansión de los centros de datos en Aragón ha sido desordenada y poco transparente, dejando en la incertidumbre crucial cuánta agua y energía consumen realmente estas infraestructuras.

El diputado hizo hincapié en que en la Comunidad Autónoma se están desarrollando numerosos proyectos, los cuales atribuyó en gran parte a la elección de Aragón como sede por parte de multinacionales, atraídas por los costos comparativos bajos en términos de terreno e impuestos. Asimismo, mencionó la favorable ubicación geográfica y la conectividad regional, así como la posibilidad de establecer grandes superficies de energía renovable.

Pueyo alertó sobre el potencial crecimiento incontrolado de los llamados centros de datos "hiperescalares", afirmando que solo los proyectos de gigantes como Amazon y Microsoft se estima que consumirán el doble de la electricidad que requiere toda Aragón. Además, enfatizó que los 28 centros de datos proyectados podrían llegar a demandar cinco veces más energía que la actual, lo que implica la necesidad de incorporar 40.000 hectáreas adicionales de energía renovable.

Criticando la falta de planificación en la implementación de estos proyectos, el parlamentario de CHA-Sumar citó la experiencia de Marsella, donde la saturación del consumo eléctrico ha limitado el desarrollo de otras industrias y ha afectado el crecimiento urbano. También mencionó problemas eléctricos previos en países como Irlanda y Suecia, como advertencia sobre las consecuencias de una expansión desmedida.

En su discurso, Pueyo señaló que el norte de Europa ha puesto límites a estos desarrollos, y ahora empresas del sector están trasladándose a Aragón. También criticó al gobierno liderado por Jorge Azcón por apoyar esta tendencia, facilitando la tramitación de nuevas construcciones bajo el marco de Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA), lo que él considera un trato preferencial a multinacionales.

El diputado expresó su preocupación por el hecho de que estos gigantes corporativos "extrajeran" recursos sin coste alguno para Aragón y planteó la interrogante de si Zaragoza podría convertirse en "la nueva Marsella". Pueyo también cuestionó la falta de un plan de recuperación de materias críticas en estos proyectos y rechazó la gestión, a su juicio, "irresponsable" del actual gobierno, subrayando que estas empresas no presentan un proyecto industrial sustentable.

La problemática del agua fue otro de los puntos críticos tocados por Pueyo, quien afirmó que Aragón tiene una necesidad apremiante de recursos hídricos, instando a no sacrificar sus recursos vitales por promesas de crecimiento. Subrayó que no se trata de estar en contra de los centros de datos en sí, sino del modelo especulativo que los rodea.

Por su parte, Mar González advirtió sobre los riesgos de crear empleo a expensas de una explotación irresponsable de los recursos. Alertó que los centros de datos podrían convertirse en "una nueva burbuja" si no existen criterios claros de planificación. Además, abogó por un enfoque que convierta el uso de agua y energía en un bien compartido, más que en un combustible barato para fines privados que no generen un retorno social equitativo. Por ello, exigió un marco de eficiencia, transparencia y límites bien definidos para tales iniciativas.

La líder del Partido Verde concluyó afirmando que cualquier desarrollo digital en Aragón debe ser ambientalmente autosuficiente y compatible con las necesidades hídricas y energéticas locales. Rechazó cualquier intento de convertir a Aragón y a España en un "campo de pruebas" para prácticas extractivas, instando a un cambio de paradigma en la forma de abordar estos proyectos.