La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha tomado la decisión de cerrar el aula de Caneto, en el municipio oscense de La Fueva, que nunca ha tenido una existencia legal. Según Pérez Forniés, el cierre se debe a que el aula no cumple con los requisitos de seguridad, urbanísticos y educativos necesarios para ser considerada una escuela. La seguridad de los niños es lo primero, según la consejera.

La consejera ha criticado a la administración anterior por no regularizar la situación antes y por alentar a las familias con mentiras. También ha mencionado que el Ayuntamiento aseguraba la legalización del aula, la Consejería invertía recursos en un espacio no autorizado, la Diputación de Huesca invertía en infraestructuras sobre un suelo de pastos y la Comarca de Sobrarbe contrataba personal para alumnado de dos años en una escolarización no autorizada.

La consejera ha recordado que para abrir una escuela pública se deben cumplir una serie de requisitos recogidos en el Real Decreto 123/2020, además de los aspectos urbanísticos establecidos en el Real Decreto 214/2006.

Además, la consejera ha planteado la pregunta de quién se hubiese hecho responsable en los últimos años si algún alumno o profesor hubiese sufrido un accidente en las instalaciones no autorizadas. Según ella, el anterior departamento era plenamente conocedor de la situación irregular.

En junio de este año, la directora del CEIP La Fueva envió una carta a la Consejería quejándose de la inseguridad del aula. Por este motivo, el Ejecutivo aragonés decidió enviar a la Inspección, que elaboró un informe que motivó la clausura del aula.

Pérez Forniés ha mostrado empatía hacia las familias afectadas y ha afirmado que es su firme propósito regularizar la situación de los alumnos. También ha dejado claro que el Gobierno de Aragón está comprometido con la escuela rural, pero ha advertido que no todo vale.

Después de la comparecencia, la consejera tiene previsto reunirse con el alcalde de La Fueva y los representantes de las familias para explicarles los motivos de la medida adoptada e intentar solucionar el problema generado por la administración anterior.