El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, ha sido absuelto del cargo de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al ser condenado por el traslado de obras artísticas al Monasterio de Sijena, en Huesca. Esta decisión llega en medio de un clima de creciente tensión política en el que la defensa de las tradiciones culturales y la legalidad se encuentran en el centro del debate.

Según la sentencia del tribunal, divulgada por Europa Press, se ha determinado que no existía prueba suficiente que confirmara la supuesta desobediencia de Puig como funcionario público. El tribunal señala que no se ha demostrado que el acusado haya actuado de manera reiterada y consciente en su negativa a cumplir con el mandato judicial del traslado de las piezas artísticas, que estaban almacenadas en el Museo Diocesano de Lleida.

Además, el TSJC explica que no se puede concluir que la negativa de Puig para ejecutar la entrega de las 44 obras sea clara e indiscutible, como exige la jurisprudencia. Se hace hincapié en que el tribunal no ha conseguido llegar a la certeza que justifique un fallo condenatorio, especialmente en cuanto a la supuesta intención rebelde del acusado frente a las órdenes judiciales.

En este contexto, también se encuentra Santi Vila, quien heredó la conselleria de Puig y que enfrenta sus propios retos legales. A diferencia de su predecesor, Vila no goza de aforamiento y será procesado en un juzgado penal en Barcelona. Sabiendo esto, decidió acogerse a su derecho de no declarar como coacusado para evitar las restricciones que enfrentan los testigos en el tribunal.

La Fiscalía ha expuesto que Vila es acusado, al igual que Puig, de desobediencia a resoluciones judiciales, además de un posible delito de usurpación de atribuciones judiciales. Alega que, a pesar de ser notificado para el traslado de obras tanto del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) como del Museu de Lleida, solo se encargó de trasladar las obras del MNAC, incumpliendo el mandato judicial.

Este caso es un claro reflejo del enfrentamiento entre las autoridades autonómicas y la interpretación de la ley, lo que plantea interrogantes sobre la gestión cultural y el respeto por las decisiones judiciales en Catalunya. Las implicaciones de este juicio podrían afectar no solo a los acusados, sino también a la percepción pública de la legalidad y la lucha por la identidad cultural en la región.