La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), está llevando a cabo una intensa investigación centrada en un fraude masivo de hidrocarburos que involucra a Víctor de Aldama, un individuo que ha sido señalado como el presunto organizador de lo que se ha denominado el 'caso Koldo'. En este contexto, se han realizado varios registros en diferentes localidades, y la documentación recolectada será sometida a un análisis exhaustivo para desentrañar los detalles de esta trama delictiva.

El día 17 de diciembre, la UCO decidió poner en libertad a Carmen Pano, quien había afirmado haber entregado la considerable suma de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, así como a otros tres individuos que fueron detenidos en el marco de esta investigación. Entre los detenidos se encuentran Carmen Pano y su hija, además de Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, y otro hombre vinculado al fraude en el sector de hidrocarburos que suma una cifra escandalosa de 182 millones de euros.

A pesar de su libertad, estos cuatro individuos siguen siendo objeto de investigación por parte del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. Su detención se enmarca dentro de un caso más amplio que se desarrolla desde octubre y que permanece bajo un riguroso secreto judicial, en el que se les investiga por delitos fiscales y blanqueo de capitales.

Las operaciones de registro se llevaron a cabo en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo, donde los agentes de la UCO intervinieron una voluminosísima cantidad de documentación que ahora será analizada por los investigadores con la finalidad de rastrear el dinero que supuestamente se habría ocultado a través de una elaborada estructura societaria, diseñada específicamente para facilitar el fraude fiscal.

Según los informes de la investigación, la detención de Carmen Pano está exclusivamente relacionada con el fraude de hidrocarburos y su operativa en una organización criminal que incluye a Aldama. No se ha establecido ninguna conexión directa con las afirmaciones de Pano sobre la entrega de dinero en Ferraz, alejando así cualquier posible implicación política de este caso.

En un comunicado emitido por la Guardia Civil, se explicaba que los cuatro detenidos forman parte de una "organización criminal" que utilizaba una compleja red empresarial para llevar a cabo su actividad fraudulentas, y que, para ello, modificaban y reorganizaban sus estructuras con el fin de evadir la detección y perpetrar el fraude de manera más efectiva.

Además, se destacó que la organización contaba con una serie de sociedades no solo en España, sino también en otros países, que les permitían blanquear los fondos obtenidos de forma ilícita. La investigación ha identificado transferencias al extranjero que superan los 73 millones de euros, dirigidas principalmente a Portugal, Colombia y China.

Un detalle relevante surgido en los informes es que Escolano, uno de los detenidos, está siendo investigado por su supuesta complicidad con De Aldama en la ocultación de bienes a través de varias empresas, tanto en territorio nacional como internacional. Esta operativa de ocultamiento representa un aspecto crucial en la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal.

En otro ámbito, el juez Ismael Moreno ha resaltado en su exposición ante el Tribunal Supremo que Escolano arrendaba un inmueble en Plaza España que fue habitado por Jessica R., expareja del exministro José Luis Ábalos, lo que añade un contexto de intriga y conexión política a este caso criminal.

Las acciones de la UCO se alinean con las investigaciones en curso en el Tribunal Supremo, donde De Aldama comparece como investigado en el 'caso Koldo'. Este caso se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia para la adquisición de material sanitario, añadiendo una capa más a la complejidad del entramado de corrupción.

En octubre, el juez Pedraz había dictado prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su aparente implicación en el monumental fraude a la Hacienda Pública. Después de prestar declaración voluntaria en el 'caso Koldo', De Aldama fue liberado, mientras que Rivas continúa bajo custodia policial. La investigación sigue abierta, con múltiples implicados y una serie de testaferros relacionados con las empresas suministradoras en la mira de la justicia.