La Justicia permite reactivar la gestión de los toros en La Misericordia tras recurso judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado las medidas cautelares solicitadas por la Diputación de Zaragoza, permitiendo reactivar la licitación de la gestión de la plaza de toros de La Misericordia. La decisión implica que, por primera vez en meses, se podrá licitar de nuevo el contrato y garantizar la celebración de la Feria del Pilar con toros y vaquillas.

Este fallo se produce después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) anulara en dos ocasiones el pliego de licitación, argumentando que el contrato debía tramitarse como una concesión y no como un arrendamiento patrimonial. La disputa ha estado en el centro del debate político y judicial en Zaragoza, donde la gestión de los festejos taurinos corresponde en teoría al Ayuntamiento, pero en la práctica a la Diputación.

La resolución judicial abre la puerta a una posible resolución del conflicto que ha paralizado la organización del evento más emblemático de las festividades del Pilar en los últimos meses. La Diputación, que ha defendido la legalidad de su proceso, ha anunciado que ha firmado una providencia para convocar cuanto antes la mesa de contratación, con la intención de adjudicar la gestión en breve, siempre que la vía administrativa lo permita.

El trasfondo político del conflicto refleja las tensiones existentes entre las instituciones aragonesas y las presiones de sectores taurinos, que ven en el proceso una amenaza a la continuidad de las corridas en Zaragoza. La polémica también ha tenido un componente partidista, con críticas cruzadas entre el Partido Popular y el gobierno provincial, acusándose mutuamente de politizar el asunto y de intentar boicotear la feria.

De cara al futuro, la resolución judicial y la posible adjudicación de la gestión ofrecen una perspectiva de normalización para la celebración de los festejos taurinos en octubre. No obstante, todavía existe la posibilidad de recursos que puedan retrasar el proceso, por lo que la incertidumbre persiste. La decisión también tendrá repercusiones en la percepción de la gestión pública de eventos culturales y tradicionales en la ciudad.