Crónica Aragón.

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Grupos exigen al Ayuntamiento de Zaragoza corregir decisión sobre ayudas a la educación concertada.

Grupos exigen al Ayuntamiento de Zaragoza corregir decisión sobre ayudas a la educación concertada.

La ciudad de Zaragoza ha sido escenario de una polémica situación, donde diversas organizaciones han recurrido las subvenciones para actividades extraescolares exclusivas para las familias de la educación concertada. Entre las entidades que han tomado acción se encuentran Fapar, CCOO, CGT, FABZ, IU, Podemos y ZeC, quienes han solicitado al Ayuntamiento que se retracte tras recibir una segunda sentencia favorable que considera estas bases como "discriminatorias".

En una rueda de prensa, la secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, actuando como vocera de las demás organizaciones, expresó su satisfacción por el respaldo judicial recibido en dos ocasiones, ambas basadas en el argumento de que estas ayudas municipales son contrarias al principio de igualdad al excluir al alumnado de centros públicos. La petición es clara: se solicita al Consistorio zaragozano una rectificación y la emisión de una nueva convocatoria, con modificaciones en las bases para garantizar que todas las familias vulnerables tengan acceso a las subvenciones.

A pesar de ello, Burón lamentó la falta de rectificación por parte del Gobierno local y criticó la presentación de un recurso de apelación contra la sentencia, calificándolo como un acto irresponsable. Se enfatizó en el hecho de que se está discriminando a la mayoría de las familias vulnerables de la ciudad, que utilizan la escuela pública.

En cuanto a la posibilidad de reclamar los importes no disfrutados en años anteriores para las familias de la enseñanza pública, la representante de Fapar señaló que el daño ya está hecho y que lo más importante en este momento es la convocatoria de nuevas bases que incluyan a todos los centros, considerando el presupuesto asignado de 500.000 euros, que debería triplicarse para atender a todos los beneficiarios. El llamado al gobierno es claro: reconocer la política discriminatoria y rectificar de inmediato.