El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) se reunió el miércoles para votar una moción conjunta presentada por el PSOE y el PP, en la que se manifiesta un firme rechazo a la propuesta actual de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2035, así como al Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Comisión Europea. Esta moción, respaldada por la mayoría de los grupos, excluyendo a Vox que se opuso, también solicita al Gobierno español que bloqueé en Bruselas cualquier recorte de fondos que afecte a estas políticas cruciales.

La resolución final, que combina las propuestas de ambos partidos, destaca la preocupación por el riesgo que corren la economía, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental de la agricultura y la ganadería en la provincia a causa de un recorte del 22% en los fondos destinados a la PAC, un ajuste que se considera inaceptable.

Ante esta situación, los representantes han instado a las instituciones europeas a reconsiderar su propuesta y elaborar una PAC que garantice un presupuesto adecuado y estable, protegiendo la autonomía de esta política y evitando su integración en programas de cohesión o desarrollo. Además, se aboga por un apoyo enfocado a los agricultores y ganaderos familiares, que representan la mayoría en Zaragoza.

De igual manera, se solicita que la nueva PAC mantenga el segundo pilar de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) como entidades separadas, que facilite la reducción de la burocracia y simplifique los procedimientos administrativos, y que desarrolle eco-regímenes ajustados a las realidades del sur de Europa y a las prácticas de ganadería extensiva. También se enfatiza la necesidad de proteger la competitividad de la producción agraria frente a las importaciones de países terceros que no cumplan con los mismos estándares medioambientales.

La moción también hace un llamado al Gobierno español para que se oponga en el Consejo de la UE a cualquier recorte presupuestario que perjudique a la PAC y para que asegure que las inversiones asociadas al segundo pilar y al fondo Fempa lleguen de forma efectiva a las áreas rurales y al sector primario.

Durante el debate, el portavoz del PSOE, Francisco Compés, enfatizó que la PAC es fundamental para la supervivencia de los agricultores y ganaderos, resaltando su papel en la oferta de productos de calidad y en la subsistencia de las comunidades rurales. Compés calificó la propuesta de la Comisión Europea como un ataque directo al modelo agrario aragonés y exigió una PAC "justa, fuerte y sostenible" que reduzca la burocracia y garantice distribuciones equitativas de ayudas.

Por su parte, Maricarmen Lázaro, portavoz del PP, expresó su desacuerdo con los recortes y recalcó que la salud del sector primario es vital para la continuidad de los pueblos. Según Lázaro, las nuevas directrices de Bruselas podrían tener efectos adversos en la cadena alimentaria y desviar subvenciones hacia otros fondos europeos, impidiendo el apoyo a los nuevos agricultores y a la modernización de las explotaciones.

A pesar del consenso general, Vox no se unió a la moción. Su portavoz, Carlos Rodrigo, argumentó que, aunque comparten preocupaciones sobre el sector, consideran que las demandas no son efectivas debido a los compromisos ya establecidos por PP y PSOE en Bruselas, lo que, según él, no soluciona los problemas reales que enfrenta el campo.

La diputada de En Común-IU, Nerea Marín, resonó en la necesidad de proteger la única herramienta común de la UE que beneficia a los agricultores, proponiendo un modelo que priorice la agricultura social y familiar, así como la dignidad laboral y la sostenibilidad.

Por último, José Manuel Latorre, diputado provincial de CHA, se unió a las críticas hacia la propuesta de Bruselas, afirmando que su implementación amenazaría la viabilidad de numerosas explotaciones agrarias y la posibilidad de ofrecer alimentos producidos localmente. Latorre abogó por cambios significativos en la política agraria, incluyendo un tope para los grandes beneficiarios y la implementación de cláusulas que regulen las importaciones externas, para salvaguardar el equilibrio logrado a lo largo de los años en las políticas comunitarias.