El PSOE denuncia opacidad en gestión del estadio de La Romareda en Zaragoza

El Grupo Municipal Socialista en Zaragoza ha exigido transparencia en la gestión del futuro estadio de La Romareda, tras revelarse que en marzo pasado se abonaron 8 millones de euros a la propiedad del Real Zaragoza. La cifra corresponde a una operación vinculada a contratos aún no públicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el control y la fiscalización del dinero público invertido en el proyecto.

Este pago, realizado apenas dos días después de la firma de un contrato de arrendamiento, se ha conocido a través de informes financieros y auditorías, pero no mediante comunicación oficial del Ayuntamiento o de la Sociedad Nueva Romareda. La tensión política crece ante la falta de información clara y el papel de los órganos de gobierno en la supervisión de una de las mayores inversiones municipales en décadas.

Desde el PSOE, se advierte que esta opacidad puede poner en riesgo la correcta gestión de fondos públicos, especialmente en un proyecto cuya inversión supera los 50 millones de euros. La oposición pide conocer en detalle los términos de los contratos, garantías y obligaciones asumidas por las partes, así como el destino de los recursos públicos entregados.

Esta situación refleja un contexto político marcado por la desconfianza hacia la gestión del actual equipo de gobierno, liderado por Natalia Chueca, en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son prioridades en la administración pública. La creación de la Sociedad Nueva Romareda, mayoritariamente pública, busca gestionar la operación, pero su falta de comunicación explícita genera inquietud entre los grupos políticos y la ciudadanía.

El debate adquiere importancia adicional al tratarse de una inversión en un estadio aún en construcción. La oposición exige que el Ayuntamiento asuma su papel de control y garantice la protección del interés público. Se anuncia la solicitud de una comisión extraordinaria para esclarecer las condiciones del acuerdo y la gestión del dinero público, en línea con las demandas de mayor transparencia en las administraciones locales.

El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y comunicación en proyectos de gran escala financiados con fondos públicos. La comunidad aragonesa espera que, en el futuro, las instituciones municipales sean más transparentes y rindan cuentas claras, fomentando la confianza en la gestión pública y en las decisiones que afectan a la ciudad.