El PSOE exige transparencia en contrato de 8 millones del Real Zaragoza en Zaragoza

El Grupo Municipal del PSOE en Zaragoza reclama conocer el contenido del contrato de 8 millones de euros firmado en marzo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Sociedad Nueva Romareda, controlada en un 89% por instituciones públicas. La formación ha anunciado que, si no recibe información en un plazo razonable, acudirá al Consejo de Transparencia de Aragón para solicitar acceso a la documentación.

Este contrato se conoció tras una auditoría a las sociedades municipales, en la que se detectó un acuerdo de arrendamiento de industria entre la Sociedad Nueva Romareda y el Real Zaragoza. La factura de 8 millones se pagó dos días después de la firma, lo que ha generado dudas sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos, ya que la sociedad en cuestión se creó con el objetivo de gestionar inversiones relacionadas con el estadio y el fútbol en la ciudad.

La oposición señala que la falta de acceso a los detalles del contrato evidencia un posible exceso de opacidad en la toma de decisiones sobre fondos públicos. La Sociedad Nueva Romareda, en manos en su mayoría del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón, ha retrasado la entrega de la información, lo que ha provocado que los concejales consideren que entidades privadas, como Ibercaja y el propio club, están decidiendo sobre dinero público sin control democrático.

Este episodio refleja la tensión existente en torno a la gestión del nuevo estadio y la inversión de aproximadamente 200 millones de euros, la mayor en la historia reciente de Zaragoza. La oposición cuestiona la conveniencia de que entidades privadas tengan poder en decisiones que afectan a fondos públicos y pide mayor transparencia y control ciudadano en estos procesos.

El caso puede marcar un precedente en la fiscalización de sociedades vinculadas a administraciones públicas en Aragón. La demanda del PSOE busca que se aclaren las responsabilidades y se garantice la transparencia en la gestión del dinero público, especialmente en proyectos de gran envergadura como la renovación del estadio y sus instalaciones.

De cara al futuro, la controversia podría impulsar cambios en la legislación y en los mecanismos de control sobre sociedades participadas por entidades públicas, reforzando la rendición de cuentas y la participación ciudadana en decisiones económicas de gran impacto.