El Ministerio del Interior se encuentra en las etapas finales de negociación con la Xunta de Galicia para establecer un nuevo convenio relacionado con la Unidad de Policía Adscrita en esta región. Este avance se da tras la firma reciente de un acuerdo con la comunidad autónoma de Andalucía. Además, se están llevando a cabo conversaciones similares con los gobiernos de Aragón y la Comunitat Valenciana, según informan fuentes oficiales a Europa Press.

Estas Unidades de Policía Adscrita, aunque dependen jerárquicamente de la Dirección General de la Policía Nacional, operan de manera funcional bajo las consejerías de Interior de cada comunidad autónoma, tal como estipulan los convenios que las regulan.

Las funciones que asume la Policía Adscrita varían según el convenio específico con cada comunidad, e incluyen aspectos esenciales como la seguridad de figuras públicas y de instalaciones autonómicas, así como la supervisión en el traslado de menores infractores, la lucha contra el absentismo escolar, y la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.

Las conversaciones con las comunidades autónomas bajo el gobierno del Partido Popular están avanzando después de un complicado año marcado por acusaciones cruzadas. Este proceso se intensificó tras el envío de una carta en enero de 2024 por parte del ministro Fernando Grande-Marlaska, en la que instaba a las autonomías a asumir el 50% del costo de estas unidades.

La carta de Marlaska daba respuesta a las quejas de los gobiernos autonómicos del PP, reconociendo las "dificultades" que la falta de actualización de estas unidades había generado en el funcionamiento de la seguridad pública.

El ministro declaró su compromiso en asegurar la mejora y recuperación de las capacidades de estas unidades, resaltando que era "imperativo" que las comunidades autónomas cumplieran con las disposiciones de la Ley Orgánica 2/1986, que establece la obligación de financiar parte de los costos de mantenimiento de las Unidades Adscritas.

Las iniciativas de la Secretaría de Estado de Seguridad llevaron a la firma de un convenio con el gobierno andaluz el 13 de febrero, en el que la Junta se comprometió a cubrir el 50% de los salarios del personal asignado, así como a asumir gastos relacionados con inversiones y el mantenimiento de la unidad, incluyendo la adquisición de equipos necesarios para su funcionamiento, según informan fuentes del Ministerio del Interior.

Antonio Sanz, consejero andaluz de la Presidencia e Interior, afirmó que tras años de gestión y diálogo con el Ministerio, este acuerdo se ha concretado, destacando la lealtad institucional. El convenio prevé la incorporación de 270 nuevos efectivos a la Unidad de Policía Nacional Adscrita en un período de cuatro años, alcanzando un total de 632 agentes en la región.

Por otro lado, la Xunta de Galicia y el Ministerio del Interior han comenzado a dialogar "al más alto nivel" sobre la renovación del convenio de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Galicia. Esta unidad opera en la comunidad desde 1991 y se evalúa la financiación y el aumento de efectivos, una solicitud que ha sido reiteradamente planteada en el Parlamento gallego.