El Gobierno de Aragón impugna el decreto sobre centros de datos por riesgo de inversión

El Ejecutivo autonómico de Aragón trabaja en la presentación de alegaciones contra el real decreto que regula la ubicación de centros de datos en España. La consejera Eva Valle ha señalado que la normativa actual podría poner en peligro inversiones relevantes para el futuro económico de la región, especialmente en sectores tecnológicos y digitales.

El decreto en cuestión, en proceso de revisión y con plazo ampliado para alegaciones, establece criterios que podrían limitar la implantación de grandes centros de datos en distintas comunidades. La preocupación en Aragón radica en que dichas restricciones parecen afectar directamente a los intereses y planes de inversión en la comunidad autónoma.

Desde el Gobierno aragonés se advierte que las restricciones podrían derivar en la deslocalización de inversiones hacia otras regiones o países con normativas más flexibles. Esto supondría una pérdida potencial de empleo y desarrollo en el sector tecnológico, que es estratégico para la economía regional.

El contexto político en Aragón se enmarca en una mayor atención a la autonomía en decisiones relacionadas con el desarrollo económico y la innovación. La comunidad busca proteger sus intereses frente a una normativa estatal que, desde su perspectiva, podría limitar su competitividad y capacidad de atraer inversiones.

En el escenario actual, la postura del Gobierno aragonés refleja una estrategia de diálogo con el Ministerio y las instituciones nacionales, en busca de modificar aspectos del decreto que consideran perjudiciales. La resolución de esta situación será clave para garantizar el crecimiento tecnológico de la región en los próximos años.

De cara al futuro, la comunidad autónoma espera que las alegaciones presentadas sirvan para ajustar la regulación y favorecer un marco más equilibrado que permita el desarrollo sostenible de centros de datos, sin poner en riesgo las inversiones existentes ni la competitividad regional.