Azcón acusa al Gobierno de agravio contra Aragón por el decreto de centros de datos
Azcón acusa al Gobierno de agravio contra Aragón por el decreto de centros de datos, que suaviza sus exigencias tras más de 600 alegaciones.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de «agravio incomprensible e inexplicable» el real decreto que regula los centros de datos, al que considera un perjuicio directo para la comunidad frente a Cataluña. La norma, que el Ejecutivo central pretende aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, podría poner en riesgo miles de millones de euros de inversión y miles de empleos, según el dirigente popular.
El Gobierno de España remitió este lunes al Consejo de Estado una versión revisada del texto que suaviza las exigencias iniciales. El nuevo borrador eleva de 1 a 10 megavatios el umbral a partir del cual se aplican las obligaciones de consumo renovable, y amplía de 18 a 36 meses la ventana temporal para la puesta en servicio de las instalaciones renovables asociadas. La propuesta acumula más de 600 alegaciones y ha recibido críticas tanto del sector de los centros de datos como del energético.
Azcón sostiene que los requisitos son «incumplibles» y que se aplican de forma desigual según el territorio. Pregunta por qué una infraestructura proyectada en Cataluña tendría un tratamiento distinto al de las inversiones que llegan a Aragón. Según su argumento, los motivos esgrimidos por el Gobierno central, como el impacto ambiental o el coste de la factura eléctrica, no cambiarían en función de la ubicación.
El trasfondo es también político. El líder popular vincula la norma con la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios, y la presenta como una decisión orientada a favorecer a una comunidad gobernada por el PSC con apoyo independentista. Desde la óptica del PP, el debate sobre los centros de datos se convierte así en un argumento de campaña sobre la igualdad de condiciones entre comunidades autónomas.
Azcón reconoce que algunos promotores han trasladado «extrema preocupación» y que el riesgo para las inversiones previstas en Aragón deberá valorarse con más detalle en los próximos días. El desenlace dependerá de la redacción definitiva que apruebe el Consejo de Estado y del tratamiento que reciba el decreto en el marco del proceso electoral. Más allá del caso aragonés, la norma plantea un dilema de fondo: cómo compatibilizar el crecimiento de la infraestructura digital con la sostenibilidad energética y la cohesión territorial.