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Política 27 de Agosto de 2026 · 18:21h 2 min de lectura

El Gobierno de Aragón denuncia que el nuevo decreto sobre centros de datos perjudica su inversión

El Gobierno de Aragón ha expresado su rechazo al borrador del real decreto que regula la instalación de centros de datos en España. La consejera de Economía, Eva Valle, afirma que la normativa está diseñada de forma que dificultará las inversiones en la comunidad, afectando a proyectos en tramitación y a futuros desarrollos.

El decreto, que aún está abierto a alegaciones hasta el 4 de septiembre, exige que los centros de datos respalden al menos un 80% de su consumo energético con fuentes renovables cada hora de funcionamiento. Además, impone requisitos en materia de resiliencia digital, sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, lo que, según las autoridades aragonesas, complica la planificación y gestión de las inversiones en la región.

El contexto político revela una tensión entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central. La consejera critica la falta de diálogo del Gobierno de España y denuncia que no se han presentado ni proyectos ni propuestas en los cinco meses transcurridos. La comunidad ya ha iniciado reuniones para elaborar alegaciones ante lo que perciben como una 'inseguridad jurídica' que podría paralizar proyectos en marcha.

Esta controversia se enmarca en una estrategia política en la que Aragón busca defender sus intereses económicos y tecnológicos frente a decisiones que consideran centralistas y poco dialogadas. La normativa, que busca fortalecer la sostenibilidad y la soberanía digital, se enfrenta a la percepción en Aragón de que perjudica el potencial de inversión en un sector clave para la economía regional y la creación de empleo.

De cara al futuro, la comunidad continuará movilizándose para modificar o suavizar los requisitos del decreto. La situación refleja la tensión entre el interés global en sostenibilidad y la necesidad de una planificación equilibrada que tenga en cuenta las particularidades de cada territorio. La resolución de este conflicto será clave para definir el papel de Aragón en la economía digital y energética de España.

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