CHA y Partido Verde piden moratoria ante expansión descontrolada de plantas de biogás en Aragón

Las formaciones políticas CHA y Partido Verde han presentado una proposición no de ley en Aragón para imponer una moratoria en la expansión de plantas de biogás y biometano. Actualmente, hay alrededor de 75 proyectos en trámite, en un contexto de crecimiento acelerado que supera las previsiones del Plan Energético de Aragón 2024-2030. La iniciativa busca regular y ordenar el desarrollo de estas instalaciones ante la preocupación social y ambiental que generan.

El contexto político en Aragón refleja una creciente tensión entre la apuesta por energías renovables y la protección del territorio. La expansión de estas plantas responde a las metas nacionales y europeas de transición energética, pero su crecimiento desordenado ha generado inquietudes en municipios afectados, que carecen de instrumentos para evaluar impactos reales. La proposición busca equilibrar estos intereses mediante una planificación participativa y criterios vinculantes.

Las implicaciones de esta iniciativa son múltiples. La propuesta plantea suspender las nuevas autorizaciones industriales hasta contar con un plan que defina ubicaciones, capacidades y recursos disponibles. Además, pide limitar el uso de residuos procedentes de vertederos o mataderos y mejorar la transparencia con registros públicos y evaluación de impactos acumulativos. Todo ello, con el objetivo de evitar concentraciones excesivas y garantizar un desarrollo territorial sostenible.

Desde la perspectiva política, la propuesta refleja una preocupación por la gestión adecuada de un sector en auge. La iniciativa busca también reforzar la participación ciudadana y garantizar que los proyectos aporten beneficios ambientales reales, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La propuesta, además, incluye una revisión del Plan Energético de Aragón para adaptarlo a la realidad actual y asegurar un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

El trasfondo político en Aragón revela una tensión entre los intereses económicos ligados a la energía renovable y la protección del entorno rural. La futura regulación y la posible moratoria marcarán el rumbo del sector en los próximos años, en un escenario donde la planificación y la participación social serán claves. Se espera que la iniciativa genere un debate sobre el modelo de desarrollo energético y su impacto en el territorio aragonés.