En la última sesión del Ayuntamiento de Zaragoza, se aprobó una modificación importante en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), permitiendo la conversión del antiguo colegio Jesús y María en un nuevo proyecto de viviendas. Este desarrollo, que culminará a finales de 2026 siempre que se completen los trámites necesarios, incluye la construcción de varias viviendas junto a espacios públicos y áreas verdes. Además, se autorizó una modificación adicional del PGOU para edificar en el antiguo terreno de Aceralia, donde solo el partido ZeC optó por abstenerse.

El proyecto en el distrito Centro contempla 160 viviendas, así como una superficie destinada a un parque público y una nueva instalación comunitaria. Se estima que el Ayuntamiento recibirá un total de 6 millones de euros en compensación, de los cuales 3.5 millones serán en efectivo, mientras que 2.5 millones se destinarán a dos parcelas con el fin de aumentar las zonas verdes y facilitar la construcción de vivienda pública en el barrio de Las Fuentes.

Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, destacó la importancia de este proyecto, señalando que ayudará a resolver un antiguo problema al abrir un nuevo acceso viario y contribuir a una construcción equilibrada en una superficie de 8.952 metros cuadrados. Serrano enfatizó la creación de un entorno urbano mejorado que beneficiará a los residentes, afirmando que se busca mitigar las "cicatrices urbanas que afectan la calidad de vida de los vecinos".

Respecto a la zona de Aceralia, Serrano mencionó que la transformación de esta área ha sido una queja frecuente entre los habitantes del Picarral, y esta modificación promete resolver un conflicto que ha persistido durante años. Esto dará lugar a 850 nuevas viviendas, de las cuales 50 serán de protección oficial. Además, se apunta a habilitar grandes áreas tanto para equipamientos públicos como para zonas verdes que mejorarán el entorno.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, mostró preocupación señalando que el tamaño de los terrenos de Aceralia es superior al parque de El Tío Jorge y criticó que, a pesar de que se haya reducido la edificabilidad, la falta de mayor inversión en vivienda protegida sigue siendo un problema importante.

Sobre el proyecto en el antiguo colegio Jesús y María, Domínguez argumentó que refleja una tendencia preocupante de "urbanismo a la carta", favoreciendo a intereses privados por sobre el bienestar comunitario. Afirmó que esta iniciativa propone un número mínimo de viviendas protegidas y no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad que reside en la zona.

Por su parte, el concejal de Vox, Armando Martínez, abogó por que se incrementen los proyectos de vivienda protegida, destacando la necesidad de que se genere más oferta tanto de viviendas asequibles como libres. Martínez expresó su satisfacción por la resolución de los problemas que rodean tanto el acuerdo de Aceralia como el del antiguo colegio, ya que se contribuirá a cerrar una brecha en la ciudad.

Desde el grupo municipal del PSOE, la concejal Ros Cihuelo criticó que el convenio del Jesús y María contrasta negativamente con el acuerdo de Aceralia, que ha logrado el consenso de varias fuerzas políticas y cuenta con el apoyo de la comunidad vecinal. Cihuelo afirmó que la iniciativa privada en Jesús y María sólo sirve a los intereses del promotor, dejando descontentos a los vecinos.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, respondió a las críticas de los partidos de izquierda, subrayando que las políticas pasadas han convertido el acceso a la vivienda en un elemento de lujo. Recriminó al PSOE que en los últimos ocho años no haya realizado nuevas construcciones y culpó de esta situación a la imposición de cargas fiscales que han afectado a los trabajadores.

En relación al Teatro Fleta, Serrano recordó que el terreno es propiedad del Gobierno de Aragón y que el PSOE no ha hecho avances en su desarrollo en casi una década. Hizo un llamado para que la administración central trate a Zaragoza de manera equitativa y facilite terrenos para vivienda, como se ha acordado en otras regiones.

Además, se aprobó una modificación relacionada con las distancias mínimas requeridas para actividades industriales en suelos no urbanizables. Esta medida, respaldada por el PP y Vox, adaptará las distancias a la legislación vigente, eliminando la norma local que limitaba el desarrollo a 2.000 metros.

Serrano argumentó que esta modificación es un paso necesario para alinearse con la normativa estatal, aunque fue rechazada por ZeC, que teme una reducción en la protección de los residentes. Domínguez se opuso a la medida, alegando que la eliminación de límites pone en riesgo la salud pública.

Martínez, concejal de Vox, defendió el cambio indicando que las normativas deben estar en consonancia y que las industrias han mejorado su seguridad, por lo que las restricciones obsoletas deben ser revisadas. Mientras tanto, Cihuelo del PSOE indicó que aunque no interpondrán obstáculos a la adecuación legal, la eliminación de la barrera de 2.000 metros podría comprometer la seguridad ciudadana.