Ausencia del vicepresidente Nolasco en conferencia sobre Ceuta genera críticas en Aragón

La ausencia del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, en la Conferencia Sectorial de Infancia sobre Ceuta, ha generado polémica en la política autonómica. La diputada de CHA, Mary Carmen Bozal, calificó la falta de representación como una "dejación de funciones" y anunció que se presentarán iniciativas para exigir explicaciones al presidente Azcón y a Nolasco.

El encuentro, celebrado el jueves, contó con la participación de las comunidades autónomas y el Gobierno central, que acordaron una transferencia extraordinaria de 25 millones de euros para atender a menores migrantes no acompañados en Ceuta. Solo Aragón, Extremadura y Castilla y León, gestionadas por Vox, se ausentaron, mientras que otras comunidades, como Madrid o Andalucía, participaron activamente y expresaron críticas y demandas.

Desde el entorno de CHA, se ha señalado que la ausencia de Nolasco refleja una postura política más alineada con Vox que con el compromiso institucional. La diputada aseguró que gobernar implica negociar y asumir responsabilidades, no limitarse a declaraciones o protagonismos individuales.

Este episodio se enmarca en un contexto de tensión política en Aragón, donde Vox mantiene una presencia creciente y ha condicionado parte del debate sobre gestión migratoria y políticas sociales. La cuestión de las competencias y la representación en foros nacionales ha evidenciado divisiones internas en el Gobierno autonómico.

De cara al futuro, la polémica pone sobre la mesa la necesidad de definir el papel de Aragón en la política migratoria y la importancia de la responsabilidad institucional. La posición de CHA busca fortalecer una imagen de compromiso con los derechos humanos y la gestión responsable de las políticas sociales, frente a actuaciones que puedan interpretarse como desinterés o dejación.

La situación refleja también un escenario más amplio en el que las comunidades autónomas enfrentan desafíos en la coordinación con el Estado en materia de migración, derechos de la infancia y recursos sociales. La polémica puede influir en futuras decisiones y en la percepción pública sobre la gestión política en Aragón.