Vox busca con Senegal acuerdos para repatriar menores extranjeros no acompañados

Los vicepresidentes de Castilla y León y Aragón, Carlos Pollán y Alejandro Nolasco, junto con el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia de Castilla y León, Eliseo Fernández, se reunieron el miércoles en Madrid con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck. El encuentro tuvo como objetivo abordar la posible repatriación de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen. Participó también un representante del Gobierno de Extremadura.

La reunión se enmarca en la presión que las comunidades autónomas gestionadas con participación de Vox sostienen desde hace tiempo sobre la tutela de estos menores. Según la versión difundida por los participantes, el encuentro fue una primera toma de contacto, sin acuerdos cerrados. Los responsables autonómicos describieron el diálogo como fructífero y acordaron seguir explorando vías de comunicación de forma más concreta.

El principal fundamento jurídico invocado es el artículo 35.2 de la Ley Orgánica de Extranjería. Según los dirigentes, este precepto permite a las comunidades autónomas, y no solo al Estado, establecer acuerdos de colaboración con terceros países en materias relacionadas con la gestión de menores. Esta lectura es relevante porque delimita el margen competencial de las regiones frente al Gobierno central, que tradicionalmente ha reservado la política exterior y la migración a la administración estatal.

Las implicaciones son varias. En primer lugar, abre un debate jurídico sobre hasta dónde alcanza la capacidad de las comunidades para firmar instrumentos con Estados extranjeros. En segundo lugar, plantea una cuestión sensible: la repatriación de menores no acompañados exige garantizar el interés superior del menor, principio recogido en la normativa nacional e internacional, y cualquier procedimiento debe respetar las garantías de protección infantil. Los propios dirigentes reconocieron que queda mucho por profundizar.

Las comunidades implicadas afrontan una carga creciente por la tutela de menores llegados sin familia, y la respuesta institucional sigue siendo objeto de disputa entre administraciones. Queda por ver si estas conversaciones derivan en protocolos concretos, qué posición adoptarán el Ministerio de Juventud e Infancia y la Administración General del Estado, y si el marco jurídico del artículo 35.2 resiste un eventual escrutinio de los tribunales.