El Gobierno de Aragón ha tomado la decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra un decreto ley que establece el reparto de menores migrantes no acompañados. Esta decisión se produjo durante un Consejo de Gobierno extraordinario y se da en un contexto en el que la normativa aún no ha sido validada por el Congreso. Además, las autoridades aragonesas han anunciado que también impugnarán "todos los actos administrativos" derivados de esta ley, dejando claro que no se trata de un acto de insubordinación.

Mar Vaquero, portavoz del Ejecutivo aragonés, subrayó en una reciente rueda de prensa que su administración nunca ha desobedecido una norma legal, destacando que "no nos consideramos insumisos y no lo seremos". Se trata de una firme postura que refuerza el compromiso del Gobierno aragonés con el estado de derecho.

En este sentido, Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia, resaltó que uno de los primeros pasos a seguir será recurrir el envío de información al Gobierno de España sobre cuántos menores están bajo acogida en cada Comunidad Autónoma. Este requerimiento tiene como límite el 31 de marzo, y Susín mencionó que aún no han podido aportar esta información debido a las discrepancias en cómo otros gobiernos regionales, como el de Cataluña, manejan sus datos. "Es fundamental que existan reglas uniformes", instó.

Vaquero también criticó la forma en que el decreto, acordado entre el Gobierno central y Junts, presenta la situación como “medidas urgentes”, afirmando que las verdaderas urgencias son de carácter personal, político y territorial del actual presidente del Gobierno.

La portavoz añadió que resulta "cínico" invocar el interés superior del menor, cuando, a su juicio, el verdadero objetivo es consolidar el acuerdo del presidente Sánchez con los independentistas para mantener suposición en el poder.

Denunció que el pacto con Junts sigue un enfoque que ella considera "puramente xenófobo", al señalar que el Gobierno catalán expresa su rechazo a acoger a estos menores no acompañados. Según su perspectiva, la propuesta del Gobierno español ignora aspectos humanitarios esenciales, causando un reparto indiscriminado de inmigrantes entre las Comunidades Autónomas.

Este reparto, según Vaquero, “quiebra” los principios de igualdad y solidaridad, sin prestar atención al interés real de los menores ni a la necesidad de establecer acuerdos en la Conferencia Sectorial de Inmigración, tal como se ha hecho tradicionalmente, incluyendo la provisión de recursos necesarios para su acogida.

Con respecto a las acciones legales, afirmó que están dispuestos a presentar los recursos judiciales que sean necesarios para cuestionar los actos administrativos derivados de esta normativa, incluyendo la solicitud de medidas cautelares pertinentes.

La consejera Susín añadió que la situación humanitaria no está siendo debidamente atendida y subrayó que la decisión del presidente Sánchez de "poner precio a estos menores" es un compromiso político para mantenerse en el poder.

Además, la vicepresidenta aragonesa enfatizó que la carga sobre los servicios de acogida, especialmente en lugares como Canarias o Ceuta, es responsabilidad del Gobierno de España. Criticó su falta de una política migratoria efectiva y destacó que son las Comunidades Autónomas las que están asumiendo competencias que no les corresponden sin los recursos adecuados.

Finalmente, recalcó que corresponde al Gobierno central diseñar un plan que aborde correctamente la crisis migratoria, insistiendo en que actualmente es difícil alcanzar acuerdos significativos en la Conferencia Sectorial de Inmigración.