ZARAGOZA, 24 de enero. En un esfuerzo por aliviar la carga administrativa que enfrenta la comunidad educativa, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón está trabajando en una ambiciosa "estrategia" que tiene como objetivo la reducción de la burocracia en este sector. Esta iniciativa surge tras un exhaustivo análisis de los procedimientos actuales y la consulta con distintos actores involucrados, con la intención de presentar las primeras conclusiones de su informe a finales del presente año.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, destacó cómo la burocracia se ha convertido en un "problema" para los educadores. Entre los ejemplos mencionados se encuentran los procesos de tramitación de bajas y solicitudes de comisiones de servicio, las cuales se perciben como especialmente gravosas.

Cabello subrayó que la intención del Gobierno de Aragón no solo es reducir la burocracia, sino también abordar la interinidad y estabilizar la plantilla docente. El propósito principal de esta estrategia es involucrar a toda la comunidad educativa en un esfuerzo colectivo por simplificar las tareas administrativas, permitiendo así que los docentes y equipos directivos dediquen más tiempo a la enseñanza, la planificación y a las necesidades del alumnado.

El director general reconoció que la burocracia es tanto una "sensación" como una "realidad", y aunque es imposible eliminarla por completo, afirmó que se debe garantizar que los procedimientos se realicen bajo regulaciones que faciliten la gestión administrativa. Para lograr este objetivo, se escuchará a los diversos actores de la comunidad educativa con el fin de "detectar y concretar" cuáles son esos procesos que generan una mayor carga de trabajo.

En este contexto, se ha diseñado una estrategia que se desarrollará en varias fases. La primera fase consistirá en una evaluación integral del sistema educativo para identificar tareas redundantes o innecesarias que complican el trabajo administrativo y docente. Esta evaluación comenzará en marzo y se llevará a cabo mediante encuestas específicas dirigidas a toda la comunidad educativa, que incluirán preguntas cerradas tipo test.

El objetivo de estas encuestas es recopilar datos que permitan cuantificar la opinión de los docentes y otros miembros de la comunidad educativa sobre la magnitud del problema burocrático. Además, se buscará captar qué procedimientos son considerados más engorrosos o redundantes y se ofrecerá la oportunidad de que los participantes sugieran posibles soluciones para reducir la burocracia.

Tras la fase de recopilación de datos, se dará paso a una etapa denominada "reflexión y estudio". En esta fase, se formarán grupos de trabajo especializados, diferenciados por sectores, que colaborarán en la búsqueda de soluciones consensuadas con un enfoque global. Según ha confirmado Cabello, estos grupos comenzarán a trabajar después de Semana Santa.

Los grupos de trabajo estarán compuestos por diferentes segmentos de la comunidad educativa: familias y alumnos, dirigidos por el Consejo Escolar de Aragón; personal administrativo de la Administración, que incluirá a quienes están involucrados directamente en los procesos burocráticos; docentes de todas las etapas educativas; y un cuarto grupo de expertos que se encargará de redactar el informe final tras recopilar las conclusiones de las discusiones.

El informe resultante será presentado en el Consejo Escolar de Aragón para su evaluación y debate. La intención es que las propuestas y conclusiones se eleven a la administración, garantizando que las medidas sean consensuadas y respaldadas por el órgano de representación de la comunidad educativa.

En relación a la reducción de la carga administrativa, Cabello anticipó que será necesario implementar medidas a nivel administrativo, como la digitalización de procedimientos y bases de datos, así como descentralizar la toma de decisiones para reforzar la autonomía de los centros educativos.

Además, comentó que se estudiarán modelos de trabajo exitosos en otras comunidades autónomas, tales como Andalucía y Castilla y León, con la posibilidad de desarrollar un decreto que permita realizar los cambios normativos pertinentes en aquellos procesos regulados por normativa de rango igual o inferior.

Cabello remarcó que las modificaciones se centrarán principalmente en el funcionamiento de los centros educativos, buscando simplificar los documentos y trámites que los docentes deben manejar, así como reducir el tiempo que las familias dedican a formalizar gestiones ante el Departamento de Educación.

"Estamos dispuestos a revisar cada uno de los procedimientos documentados y a eliminarlos en la medida de lo posible, siempre considerando que el propósito de un protocolo es atender y llevar a cabo acciones específicas que no podemos perder de vista", sostuvo Cabello, aludiendo a los protocolos establecidos en casos de acoso, agresiones o detección de ideación suicida en los centros educativos.

Finalmente, el director general no ha querido fijar plazos concretos para cada fase, aduciendo que se debe trabajar con el rigor necesario, aunque aseguró que se evitará que este proceso se extienda indefinidamente. Se espera que una vez recopilada toda la información y elaborado el diagnóstico inicial, los grupos de trabajo inicien su labor de inmediato. Cabello confía en que el Consejo Escolar de Aragón pueda presentar sus conclusiones antes de finalizar este año o a comienzos de 2026.