Aragón impugna Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional.

En Zaragoza, el Gobierno de Aragón ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en Cataluña este lunes. Este recurso se basa en dos ideas fundamentales que consideran cruciales.

En primer lugar, se argumenta que la ley vulnera el principio de independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. Por otro lado, se señala que la normativa va en contra de los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, lo que infringe la obligación de promover la libertad y la igualdad real y efectiva de los individuos y grupos en la sociedad.

El Gobierno de Aragón afirma que la Ley de Amnistía en Cataluña representa una violación grave del Estado de Derecho consagrado en la Constitución, al relegar el papel del poder judicial y otorgar al poder político un control sin supervisión judicial.

Según la Constitución, la función de juzgar y ejecutar sentencias recae exclusivamente en los jueces y tribunales, manteniendo su independencia del poder legislativo y ejecutivo, a excepción del indulto individual.

La Ley Orgánica promulgada supone una transgresión del principio de separación de poderes al sustituir al poder judicial por el poder legislativo, justificando esta medida con la intención de "desjudicializar" la situación, sin base legal sólida.

Además, el Gobierno de Aragón argumenta que la ley fomenta la desigualdad al permitir la impunidad selectiva para ciertos ciudadanos relacionados con motivaciones políticas en Cataluña, en contraposición al resto de los españoles que están sujetos a la legislación punitiva en todo el territorio nacional.

La normativa también se considera una amenaza a la legalidad, la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos al eliminar las consecuencias legales de sentencias firmes y limitar la función judicial de manera injustificada, sin derogar normas penales existentes.

Tras el análisis del Consejo Consultivo de Aragón, se encuentran vicios de inconstitucionalidad en la Ley de Amnistía, lo que legitima a la Comunidad Autónoma para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El proceso de aprobación de la Ley de Amnistía plantea desafíos democráticos al no permitir una participación adecuada de la sociedad en su elaboración y no cumplir con los estándares de la democracia deliberativa exigidos por la Unión Europea.

Además, se subraya que la aprobación de la amnistía requeriría una reforma constitucional previa que no se contempló en el proceso constituyente, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de la normativa.

El pacto entre PSOE y Junts per Catalunya en 2023 para respaldar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España incluyó la promesa de una Ley de Amnistía como parte del proceso de normalización política en Cataluña.

El proceso legislativo de la Ley de Amnistía culminó en su aprobación en mayo de 2024, desencadenando la oposición de varias comunidades autónomas, incluida Aragón, que rechazaron la normativa y optaron por presentar recursos de inconstitucionalidad.