ZARAGOZA, 16 de septiembre.

El Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones al nuevo proyecto de Real Decreto que regula la eficiencia energética y la sostenibilidad en los centros de datos.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico aboga por inversiones tecnológicas que sean estratégicas y demanda una regulación equilibrada que asegure la sostenibilidad sin obstaculizar la inversión.

En sus alegaciones, el Gobierno aragonés ha enfatizado que la región se ha establecido como uno de los principales centros de datos en el sur de Europa, con planes de inversión que superan los 48.000 millones de euros. Esto la posiciona como un actor clave en la transformación digital de España y en el fortalecimiento de su soberanía tecnológica.

El Ejecutivo sostiene que la magnitud de estas inversiones indica que no se trata de una situación temporal o limitada a una sola comunidad, sino que es necesaria una estrategia nacional que pueda redefinir el papel del país en el ecosistema digital europeo. Además, se advierte que restringir el acceso a la red eléctrica por la actividad económica de la industria solicitante es un enfoque erróneo.

La creación de centros de datos presenta una oportunidad única para impulsar el desarrollo económico y generar empleos de calidad, subraya el Gobierno de Aragón, que destaca que aunque Aragón ha sabido atraer inversiones internacionales, estos beneficios se extienden a toda España.

Cada inversión en Aragón refuerza la digitalización del país, favorece la cohesión territorial y establece a España como un referente tecnológico en el sur de Europa, con implicaciones significativas en empleo, innovación, competitividad y soberanía digital, enfatiza el Ejecutivo autonómico.

Las alegaciones también subrayan que Aragón está comprometida con la eficiencia energética y la sostenibilidad, pero aboga por una regulación que sea rigurosa y equilibrada.

El Gobierno ha advertido que perder esta oportunidad debido a regulaciones excesivas sería una falta de responsabilidad histórica. Esto no solo afectaría el futuro económico de una comunidad que está liderando esta transformación, sino que también perjudicaría la posición internacional de España en sectores clave para el empleo y la innovación.

Por ello, el Ejecutivo aragonés hace un llamado a una regulación que se alinee con las directrices europeas, que potencie en lugar de restringir, que proteja sin paralizar y que esté en consonancia con los objetivos estratégicos del país en digitalización y competitividad.

Adicionalmente, advierte que si el nuevo decreto impone requisitos excesivos, se podrían ver comprometidos principios fundamentales como la seguridad jurídica y la equidad, lo que desalentaría la inversión y obstaculizaría la competitividad.

Una regulación demasiado rígida podría resultar en una pérdida de competitividad para España frente a otros países europeos, alejando a su vez inversiones, talento y empleo cualificado, alerta el Gobierno, que sostiene que el proyecto pone en riesgo la soberanía tecnológica al debilitar infraestructuras esenciales como los centros de datos.

El Gobierno de Aragón también ha advertido que el Real Decreto puede exceder las competencias en materia energética que, de acuerdo con la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón, son compartidas. Si el Estado legisla más allá de los lineamientos básicos y la coordinación general, podría estar invadiendo las competencias autonómicas, generando inseguridad jurídica y limitando la adaptación territorial.

Asimismo, se sostiene que el Real Decreto propone una serie de obligaciones que exceden lo estipulado en diversas leyes y que introducen condicionantes que afectarían el acceso a la red eléctrica.

Las alegaciones argumentan que se establece un trato desigual en el acceso a las redes eléctricas, según el tipo de consumo, lo que contraviene las Directivas de Electricidad de la Unión Europea. La normativa europea prohíbe discriminaciones en el acceso a la red eléctrica, dado que va en contra de los principios de no discriminación y acceso abierto que rigen el mercado energético comunitario.

El proyecto también se critica por vulnerar principios de proporcionalidad al requerir obligaciones adicionales, como la divulgación de información sobre el empleo generado, la cualificación profesional o el impacto en la economía local y nacional, sin que se precise la metodología que se debería seguir.

Adicionalmente, el Real Decreto parece contradecir la normativa europea que garantiza la confidencialidad de los indicadores de rendimiento de cada centro de datos, lo que podría colocar a España en una posición de clara desventaja competitiva.

El proyecto de decreto busca imponer el cumplimiento del Código de Conducta Europeo en los centros de datos, una iniciativa que es voluntaria y diseñada para fomentar la eficiencia energética a través de compromisos no vinculantes.

Transformar estos criterios en obligaciones a nivel nacional no solo distorsiona su esencia, sino que también sopesa el marco legal fijado por la Directiva, añadiendo más obstáculos a la competitividad española para atraer proyectos.

En resumen, las exigencias del proyecto no solo carecen de un respaldo jurídico sólido y pueden desencadenar cargas innecesarias que redirijan inversiones a otros países, sino que también plantean criterios de cumplimiento que son de difícil o imposible naturaleza práctica, especialmente en las etapas iniciales de operación.

Como ejemplo, se menciona la exigencia de presentar un plan para la utilización del calor residual y un análisis de costos y beneficios en un momento en que el promotor aún no tiene garantizado el acceso a la energía. De hecho, se condiciona la concesión de la licencia de obras y el acceso a la red a la presentación de dicho plan.

El Gobierno de Aragón recalca que es esencial promover el uso del calor residual y evaluar los costos y beneficios de su implementación, pero que dicho análisis debería ser parte del proceso de solicitud de autorización para la ejecución de las obras, y no un requisito previo a la obtención de licencia y permiso de acceso a la red.