Aragón abandona el programa de lengua árabe por motivos de seguridad y garantías

El Gobierno de Aragón ha decidido retirar su participación en el programa estatal de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí para el próximo curso. La principal razón es la dificultad para verificar la condición de funcionarios y antecedentes penales de los docentes procedentes de Marruecos. La medida afecta a 10 centros en Zaragoza y casi 500 alumnos en los últimos tres años.

Este programa, regulado por un convenio de cooperación cultural entre España y Marruecos desde 1980, requiere que los docentes extranjeros presenten documentación que acredite su condición de funcionarios y su historial delictivo. La Administración autonómica señaló que no ha recibido respuesta a sus requerimientos de información adicional, lo que ha llevado a su decisión de suspender la participación en el mismo.

El contexto político en Aragón ha influido en esta decisión. La consejera Susín recordó que el acuerdo con Marruecos y las condiciones de participación están vinculadas a compromisos políticos, incluyendo pactos con partidos como Vox, que condicionan la política educativa a nivel autonómico. La falta de garantías ha sido interpretada como un riesgo para la seguridad en las aulas.

Esta decisión se enmarca en un contexto de mayor control y revisión de programas internacionales en la comunidad, ante la creciente preocupación por la seguridad y la coherencia con los valores democráticos. La retirada del programa refleja también las tensiones en la política autonómica respecto a las relaciones internacionales y la gestión de la educación intercultural.

De cara al futuro, la Administración aragonesa continuará evaluando la participación en programas de cooperación cultural, priorizando la seguridad y la transparencia. La postura del Gobierno sugiere una posible revisión de otros acuerdos similares y un mayor control en la selección de docentes extranjeros en el sistema público.

Este caso pone de manifiesto cómo las decisiones educativas en Aragón están cada vez más influenciadas por el escenario político y las preocupaciones de seguridad, en un contexto de tensión política y prioridades en la gestión pública.