El pasado 3 de diciembre en Zaragoza, Suso Domínguez, concejal del grupo Zaragoza en Común, ha manifestado su preocupación ante el reciente desalojo de 26 personas sin hogar que ocupaban el parque Bruil. De estas, 17 han sido acogidas en un albergue municipal, mientras se lleva a cabo un proyecto de saneamiento y mejora de este importante espacio verde de la ciudad. Domínguez ha pedido al Ayuntamiento que deje de implementar "medidas cosméticas" y que se enfoque en buscar soluciones habitacionales duraderas para estas personas vulnerables.

El desalojo en el parque Bruil fue ejecutado por un operativo municipal que busca realizar labores de desinfección y desinsectación, y que eventualmente conducirá a una serie de mejoras paisajísticas en el parque, en el marco del plan Revive Bruil. Aunque esta intervención es parte de un esfuerzo por revitalizar el espacio, ha generado controversia por el método utilizado y las alternativas ofrecidas a los afectados.

Domínguez ha señalado que el desalojo se ha llevado a cabo sin proporcionar alternativas de vivienda adecuadas, lo cual, según él, contraviene la normativa que protege los derechos de las personas. Ha denunciado que durante el proceso se han perdido pertenencias de los desalojados, aunque el Gobierno municipal ha contradicho esta afirmación, asegurando que todos los enseres han sido trasladados a un lugar seguro en el albergue.

El concejal también ha expresado su escepticismo acerca de las promesas del Gobierno local en relación con el bienestar de las personas sin hogar. Según el último recuento de noviembre, Zaragoza cuenta con 266 personas viviendo en la calle, y Domínguez ha declarado que, a pesar de los esfuerzos comunicativos del equipo del alcalde Marian Orós, no hay suficientes plazas de alojamiento disponibles, muchas de ellas solo temporales y limitadas a la temporada de frío.

Domínguez ha criticado la falta de acciones efectivas del Gobierno de Zaragoza, argumentando que la situación de las personas sin hogar ha ido en aumento durante los últimos dos años y medio, mientras que las respuestas han sido prácticamente nulas. "Estas actuaciones son desproporcionadas y no respetan la dignidad de quienes residen en el parque", concluyó, señalando que el reciente desalojo es un reflejo de la ineficacia en la gestión de este problema social.