ZARAGOZA, 27 de agosto. El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha presentado una iniciativa legislativa para reformar el Impuesto Medioambiental sobre Aguas Residuales (IMAR), el cual sustituyó al controvertido Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Desde Vox lo consideran un gravamen "injusto" y "confiscatorio".

La diputada autonómica de Vox, Carmen Rouco, ha señalado que este impuesto fue aprobado "sin un consenso amplio" y con la participación predominante de "un cuatripartito de izquierda radical y del PAR", lo que rechaza como un proceso legítimo y representativo.

Rouco ha destacado que el IMAR es un impuesto exclusivo de Aragón, que se suma a otros cuatro tributos ambientales y que se considera único en comparación con las demás comunidades autónomas. Según ella, este tributo no refleja el principio de que "quien más contamina, más debe pagar", ya que la recaudación no garantiza que se destine completamente a mejorar las infraestructuras de saneamiento y depuración.

La diputada ha manifestado que el actual régimen tributario eleva la carga fiscal sobre los aragoneses, que ya padecen una de las presiones fiscales más altas de España. Haciendo hincapié en que Aragón ha sido un "infierno fiscal" bajo el gobierno del cuatripartito y mantiene esa tendencia con la gestión del actual Gobierno de Azcón.

Rouco considera que el IMAR representa una carga desproporcionada para las familias numerosas y para la población aragonesa en general, ya que muchas de sus reivindicaciones desde la oposición han sido desestimadas, lo que pone en duda la transparencia y el destino final de los recursos recaudados.

Desde Vox argumentan que ha llegado el momento de revisar esta legislación, incorporando propuestas que fueron ignoradas en su momento. La proposición de ley busca lograr el respaldo mayoritario de la Cámara y se enfoca en aliviar la carga fiscal de las familias, especialmente aquellas con más miembros.

El proyecto sugiere eliminar la responsabilidad financiera compartida de los propietarios de viviendas ocupadas ilegalmente, argumentando que estos no son responsables de los consumos y contaminaciones asociados a la titularidad de esas propiedades.

Además, la propuesta establece que todos los fondos recaudados se destinen exclusivamente a mejorar programas y planes de saneamiento y depuración, garantizando que el 100% de los ingresos se utilicen para infraestructura. También se estipula que la tarifa se adapte al coste real del servicio, buscando una mayor equidad.

Rouco ha mencionado que la propuesta contempla nuevas exenciones en el componente fijo del recibo para ciertos grupos, como hogares unipersonales, viviendas no habituales y actividades de autoconsumo, donde el agua no requiere depuración ni tratamiento.

"Es imperativo reformar esta legislación totalmente injusta", ha insistido Rouco, quien está convencida de que el Partido Popular respaldará la propuesta, recordando su actitud crítica hacia la ley actual y su inclusión en el Plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón para 2024, así como su petición de suspensión del impuesto antes de las elecciones.

Finalmente, Rouco advirtió que, si el PP no apoya esta iniciativa, sería un claro reflejo de un partido que no ha cumplido sus promesas electorales y que, al llegar al poder, sostiene políticas que contradicen sus posiciones previas en la oposición.