Zaragoza, 27 de mayo.

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha propuesto que el Gobierno autonómico establezca acuerdos con países como Marruecos, Argelia y Malí para facilitar la repatriación de menores extranjeros no acompañados a sus familias. Arranz enfatizó que “no somos los servicios sociales de Marruecos” y subrayó la responsabilidad del Estado en este ámbito.

La iniciativa, que será presentada en el Pleno de las Cortes de Aragón esta semana, busca promover que los gobiernos firmen pactos para asegurar que estos niños reciban la atención necesaria en sus comunidades de origen y con sus familiares, además de integrar sus culturas en el proceso.

Arranz ha indicado que el objetivo de Vox es aplicar y hacer cumplir la legislación actual, mencionando el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, que permite a las comunidades autónomas trabajar con los países de origen para garantizar una mejor atención a los menores.

Desde su perspectiva, esta medida defiende el interés superior de los menores, enfatizando que, al igual que los niños españoles, aquellos que provienen del extranjero deben ser criados e integrados en su entorno familiar y cultural, un derecho que debe ser garantizado.

En su intervención, el diputado planteó un escenario hipotético en el que un grupo de menores finlandeses o alemanes apareciera en Aragón sin ningún tipo de gestión para localizar a sus padres. “Nos parecería extraño”, comentó, reflejando su inquietud sobre el trato diferenciado que se da a los menores migrantes comparado con otros casos.

Arranz criticó la idea de que se deba actuar de manera diferente con los niños de Marruecos y otros países, sugiriendo que lo mejor para ellos sería regresar a sus hogares y reintegrarse a sus culturas. En su opinión, si los padres están al tanto de la situación de sus hijos que se han escapado, no debería ser responsabilidad del Gobierno español proporcionarles atención.

Asimismo, advirtió sobre la saturación de los centros de protección de menores, destacando la falta de personal especializado y los riesgos que enfrentan en su labor. Citó un incidente grave como un intento de agresión sexual a un educador, afirmando que esto no es un caso aislado.

También mencionó que muchos de los menores migrantes involucrados en delitos, incluidos algunos graves, afectan la seguridad pública y los recursos utilizados para su atención son exorbitantes. Arranz argumentó que, con un 20,6% de la población en Aragón en riesgo de exclusión, los recursos destinados a los menores migrantes deberían ser revaluados en favor de áreas como la sanidad y la educación.

Para Arranz, es esencial realizar pruebas médicas para verificar la edad de los migrantes, señalando que en anteriores ocasiones se ha demostrado que más del 80% eran ya mayores de edad y no deberían estar bajo la tutela del Gobierno aragonés.

El diputado también condenó la actividad de las mafias y algunas ONG, que considera lucrativas en un contexto de crisis humanitaria, y pidió el cese de estos “negocios repugnantes” que se benefician de la situación de vulnerabilidad de los menores.

Para concluir, se refirió a la iniciativa de Vox que busca establecer un plan de repatriación y reintegración de esos menores, enfatizando la necesidad de colaborar con los gobiernos de sus países de origen y asegurar que, de no poder localizar a sus familiares, la tutela recaiga en los servicios sociales de esas naciones. “En Aragón, no somos los servicios sociales de Marruecos, Argelia ni de ningún otro país”, insistió.

Arranz finalizó solicitando al Gobierno de Aragón que inste al Ejecutivo central a cumplir con acuerdos bilaterales firmados en 2013 con Marruecos para prevenir la inmigración ilegal de menores no acompañados y facilitar su repatriación. Confía en que el Partido Popular apoyará esta propuesta, citando un ejemplo reciente en Valencia donde se ha colaborado con Vox en la aprobación de presupuestos autonómicos.