UAGA exige inspecciones para garantizar la Ley de la Cadena Alimentaria en Aragón
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) ha solicitado formalmente a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón la puesta en marcha de inspecciones para verificar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. La petición surge ante las múltiples quejas de agricultores que denuncian prácticas que perjudican la rentabilidad del sector, especialmente en la campaña de fruta, cereal y otros productos agrícolas.
La preocupación se centra en la diferencia entre los precios que perciben los productores y los precios de venta en el mercado. Agricultores de fruta, como el melocotón y la cereza, denuncian que reciben cantidades muy por debajo de sus costes de producción, mientras que en grandes superficies los productos alcanzan precios mucho más elevados. Estas disparidades evidencian posibles incumplimientos en la distribución del valor generado en la cadena alimentaria.
Este escenario refleja una problemática estructural que afecta la sostenibilidad de los agricultores, quienes enfrentan costes crecientes, como los derivados del precio del gasóleo y otros insumos. La organización solicita que el control se refuerce para evitar prácticas comerciales que puedan perjudicar a los productores, garantizando una distribución más justa del valor y protegiendo la viabilidad del sector agrícola aragonés.
El contexto político en Aragón incluye compromisos previos del Gobierno autonómico para mejorar la supervisión de la cadena alimentaria, un paso que consideran necesario en vista de la actual situación. La demanda de UAGA busca que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas, reforzando las inspecciones y estableciendo mecanismos efectivos para detectar y corregir prácticas ilegales o abusivas.
La situación en la campaña de fruta, especialmente en la venta de productos destinados a la industria o al consumo en supermercados, pone en riesgo la estabilidad del sector agrícola. La persistencia de estas prácticas podría afectar la producción futura y la economía rural de Aragón, que es un pilar importante en la región.
De cara al futuro, la exigencia de mayor control y transparencia en la cadena alimentaria se enmarca en una tendencia más amplia hacia la regulación del mercado agrícola, con el objetivo de proteger a los productores y garantizar precios justos. La respuesta del Gobierno de Aragón será decisiva para definir el rumbo de estas políticas y su impacto en los agricultores en los próximos meses.