El pasado 18 de diciembre en Zaragoza, la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha presentado una denuncia que involucra a altas instancias del Ministerio para la Transición Ecológica. La acción legal apunta específicamente a Eugenio Jesús Domínguez Collado, exsubdirector general de evaluación ambiental, por supuestas irregularidades en la gestión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto conocido como Clúster Maestrazgo. Este tema podría extenderse también a otros proyectos asociados con la misma compañía.

En un comunicado a la prensa, el portavoz de esta plataforma, Javier Oquendo, acompañado por la presidenta Ana Cortés, hizo público que la denuncia ha sido formalizada ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Oquendo considera que las evidencias recopiladas en diversas publicaciones junto con su documentación sugieren un trato preferencial y potencialmente ilegal por parte del Ministerio en la evaluación de los proyectos vinculados a la empresa Forestalia.

La plataforma señala que, de acuerdo con la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los procedimientos de evaluación deben ser gestionados únicamente por funcionarios, quienes solo pueden recibir asistencia de personal laboral o empresas externas. A pesar de ello, Oquendo enfatiza que han solicitado en catorce ocasiones información sobre los funcionarios encargados de estos trámites, recibiendo siempre respuestas poco claras que aumentan sus sospechas sobre la falta de rigor en la gestión.

Las dudas en torno a la legalidad del proceso se han visto reforzadas por la existencia de tres informes técnicos que plantean serias objeciones al proyecto. Entre estos se incluyen uno de la Dirección General de Medio Natural y otro del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Este último, inicialmente elaborado por un jefe de área, tuvo que ser modificado según lo admitido en una comisión de las Cortes de Aragón por el director del organismo, Jesús Lobera.

A pesar de que estos problemas ya fueron abordados en el ámbito parlamentario, desde la Plataforma lamentan que no se les otorgara la importancia merecida. Oquendo ha citado como ejemplo de un posible trato de favor el caso de dos proyectos en la Comarca de Matarraña, donde uno de Forestalia recibió una DIA favorable, mientras que un proyecto similar de Green Capital recibió una respuesta negativa a pesar de la similitud en la localización y argumentos.

Un caso comparable se observó también en una línea de evacuación entre Biota y Olite, donde ambos proyectos compartían 50 kilómetros de trazado y fueron evaluados de manera disímil, siendo el de Forestalia el único en recibir una valoración positiva. Esta situación es vista por la Plataforma como un claro indicio de un trato preferencial injusto.

Por otra parte, al revisar los expedientes de Forestalia depositados en el Ministerio entre 2021 y 2023, la Plataforma encontró que de 36 proyectos, únicamente tres, los de menor potencia, fueron rechazados. Sin embargo, Oquendo ha destacado que ninguno de estos casos incluye el documento que debería listar a los funcionarios responsables de las tramitaciones.

Los indicios de irregularidades se han intensificado tras corroborar los informes provenientes de registros realizados por la Guardia Civil relacionados con Forestalia y el Ministerio. Algunos funcionarios han testificado que estos expedientes eran manejados directamente por Domínguez y que, posteriormente, eran externalizados a TRAGSATEC o incluso llegaron a ser redactados por la propia empresa, lo cual podría evidenciar un fraude en el proceso.

Como resultado de estos hallazgos, la Plataforma ha optado por presentar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, creyendo que es su deber hacer que se investiguen posibles delitos. Oquendo ha aclarado que el objetivo de esta acción es también frenar el inicio de las obras que ahora estarían bajo el control de la empresa CIP, la cual previamente había respaldado la viabilidad económica de Forestalia en un acta notarial de 2020.

Finalmente, desde la Plataforma han enfatizado que cualquier actividad sobre el terreno podría causar daños ambientales "irreversibles", advirtiendo que dicha acción se sustentaría, a su juicio, en una Declaración de Impacto Ambiental cuya tramitación consideran cuestionable y posiblemente fraudulenta.