En un destacado operativo conjunto, la Guardia Civil y la Policía Nacional han logrado desmantelar una red de trata de personas y explotación laboral en lo que ha sido denominado como la 'Operación Lhotse-Tiger'. A raíz de esta intervención, se han liberado a un total de 45 individuos que estaban siendo explotados en diversas fincas agrícolas a lo largo de varias comunidades autónomas, incluyendo Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. Hasta ahora, se han producido nueve arrestos: tres en Zaragoza, tres en Ávila, dos en Cáceres y uno en Barcelona. De estos detenidos, tres han sido encarcelados bajo acusaciones de explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal.

La investigación señala que la organización delictiva tenía como base la provincia de Zaragoza y se componía de individuos originarios de Pakistán y Argentina. Su modus operandi consistía en engañar a migrantes vulnerables de países como Nepal, Pakistán e India, prometiéndoles trabajos dignos en España, según ha informado el Instituto Armado. Esta táctica despierta preocupación por el aprovechamiento que hacen de la desesperada situación de las víctimas.

La investigación ha descubierto que la red se dedicaba a proporcionar mano de obra a diversas empresas en todo el país, explotando la situación irregular y la fragilidad económica de sus trabajadores. Las víctimas eran alojadas en viviendas precarias, supervisadas en todo momento y careciendo de la documentación necesaria. Testimonios recogidos durante el proceso han revelado que eran traídas desde Europa del Este y enfrentaban condiciones de vida extremas, al tiempo que eran forzadas a pagar por alojamiento, transporte y empleos que nunca llegaron a ser lo que prometían.

El operativo se inició en 2024, cuando se detectó a varios temporeros de origen asiático viviendo en condiciones deplorables en una instalación de una empresa alimentaria en Candeleda, Ávila. Como resultado, las fuerzas de seguridad lograron detener a tres individuos, entre ellos, una figura encargada de la supervisión de las mujeres y dos ejecutivos de la empresa que se beneficiaban de esta situación.

Simultáneamente, se realizó otro descubrimiento en Valverde de la Vera, Cáceres, donde se encontraron a siete trabajadores nepaleses en condiciones de explotación igual de alarmantes. Estos operarios se encontraban en una situación irregular, usando documentación falsa y viviendo en circunstancias que rayan en la mendicidad.

La interconexión de ambos casos llevó a la celebración de un operativo conjunto, resultado de nuevas detenciones y la liberación de más víctimas del abuso. En Barcelona, un individuo fue arrestado por exigir dinero a un trabajador explotado en Ávila a cambio de la devolución de su documentación. Al mismo tiempo, en Cáceres, dos responsables de la explotación agrícola vinculada a los siete nepaleses fueron también arrestados.

La atención de los investigadores se centró finalmente en los miembros de la red dedicados a la captación y explotación de ciudadanos nepaleses. Tras un año y medio de indagaciones, se llevaron a cabo dos registros simultáneos en domicilios de Caspe (Zaragoza), donde se detuvo a tres miembros de la organización, incluidos dos de sus principales líderes, así como la liberación de más de veinte migrantes hacinados.

Las condiciones de vida de estos trabajadores, hacinados en espacios inadecuados, resultan preocupantes: dormían en colchones en habitaciones carentes de higiene y con solo un baño para todos. Procedentes de Europa del Este, enfrentaban una pobreza extrema, portando documentación falsa y obligados a pagar 100 euros mensuales, además de siete euros diarios por su transporte al trabajo.

En algunos casos, los explotadores incluso negociaban con los propietarios de las empresas para garantizarles empleo a sus víctimas, quedándose con una parte de sus salarios, un hecho que subraya la complejidad del problema de la explotación laboral en el país.