En Zaragoza, el 3 de diciembre, el concejal del grupo socialista, Paco Galán, ha levantado la voz contra la gestión del Ayuntamiento dirigido por la alcaldesa Natalia Chueca, tras el desalojo de 26 ocupantes del parque Bruil. De este grupo, 17 han decidido ingresar en el albergue municipal debido a condiciones de insalubridad, un acto que Galán considera carente de moral y humanidad.

El concejal destacó que el asunto trasciende a una simple cuestión de salud pública, apuntando que se trata de una profunda injusticia social. En sus declaraciones, Galán aseveró que el enfoque del Gobierno de Chueca revela una intolerancia y xenofobia, al referirse a estos ciudadanos en términos despectivos de “ilegales” o “insalubres”. Aseguró que estas personas llegan con dignidad y merecen una acogida, en lugar de ser arrojadas a la calle.

Galán criticó duramente las palabras del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, quien también se expresó sobre la situación. Para el concejal socialista, no es aceptable hacer referencia a la insalubridad en este contexto. “Las ratas que infestan ciertas áreas son el verdadero problema de insalubridad, no las vidas de quienes carecen de hogar”, enfatizó.

El edil, al referirse a la situación de estos individuos, subrayó su vulnerabilidad y cuestionó la inacción de los servicios sociales en la ciudad, que, según él, no están aportando soluciones efectivas. Galán apeló a la responsabilidad municipal, señalando que el Ayuntamiento ha admitido su incapacidad para afrontar esta crisis y tan solo ofrece respuestas temporales.

El concejal advirtió que la administración actual intenta engañar a la ciudadanía al afirmar que la adición de 40 plazas al albergue, que en realidad llevan funcionando más de dos décadas, es suficiente para abordar el problema de las más de 266 personas sin hogar que, según el último recuento, existen en la ciudad.

Por lo tanto, hizo un llamado a dejar de lado las distracciones y asumir la responsabilidad que le corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza, tal como estipula la normativa local. “Es un deber del consistorio atender la situación de estas personas”, concluyó Galán.