En Zaragoza, el 12 de septiembre, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, expresó su profunda preocupación por la "inseguridad jurídica" que, según ella, está generando una "parálisis" que afecta a tres proyectos de universidades privadas que buscan asentarse en la región. Esta declaración se produjo durante la sesión de control en el Pleno de las Cortes, donde hizo frente a las inquietudes planteadas por la diputada socialista Carmen Soler.

Soler había solicitado mayor "transparencia" respecto al avance de estas iniciativas educativas, que se han vuelto objeto de debate público. Las universidades, conocidas como The Power University, UNIAR y NCI Aragón, enfrentan un futuro incierto, ya que la diputada teme que la falta de planificación pueda conducir a una mercantilización incontrolada de la educación en Aragón.

La consejera enfatizó que la situación actual no ha evolucionado y que los proyectos están estancados debido a un informe del Ministerio que es necesario pero no vinculante. Además, criticó las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien se refirió a las universidades privadas de manera despectiva, así como las promesas incumplidas de la ministra Diana Morant sobre un nuevo real decreto que supuestamente debería haberse implementado mucho antes.

Forniés también reveló que, en una reciente reunión en Paterna, llevó las inquietudes del Gobierno de Aragón a la ministra, pero estas siguen sin respuesta. La consejera advirtió sobre el peligro de la retroactividad en la nueva normativa, que podría obligar a los proyectos en curso a comenzar de nuevo, lo que podría acarrear pérdidas significativas tanto en talento como en recursos económicos para Aragón.

Por su parte, Soler reafirmó su demanda de detalles sobre los proyectos de universidades privadas, argumentando que la falta de visibilidad alimenta temores sobre una posible privatización del sistema educativo sin una estructura que garantice la calidad. La diputada socialista dejó claro que su grupo no se opone a la educación privada, sino a su posible deterioro en términos de calidad y relevancia académica. Recordó que la Universidad San Jorge fue establecida durante un gobierno socialista, subrayando que no hay un rechazo a la educación privada en sí misma.

Ante esta observación, Pérez Forniés contraatacó, acusando a los socialistas de haber sometido a la Universidad San Jorge a 20 años de dificultades administrativas, citando la prohibición de ofrecer titulaciones duplicadas, que fue considerada inconstitucional. La consejera concluyó su defensa señalando que, durante su mandato, se ha incrementado la oferta de plazas en la educación superior, y defendió que el modelo del Partido Popular permite una coexistencia adecuada entre universidades públicas y privadas, asegurando que las familias deben tener la libertad de elegir la opción que más les convenga.