Pedraz propone enjuiciar a Mariano Aguilar por supuesta evasión fiscal.

El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha decidido procesar a Mariano Aguilar, consejero deportivo del Real Zaragoza, junto con Juanma López, agente de futbolistas, y al fondo Doyen Sports, por presuntamente no declarar sus ganancias en España entre 2013 y 2017. Este periodo precedió a la incorporación de Aguilar al consejo del club aragonés.

Según la resolución del Juzgado Central de Instrucción número 5, Doyen Sports Investment Limited, representada por Nelio Freire Lucas, llevaba a cabo sus operaciones en el mercado español del fútbol. Esta compañía obtuvo importantes beneficios durante esos años, que no fueron declarados en España debido a su nacionalidad maltesa.

Se destaca que Aguilar y López actuaban como agentes de Doyen Sports, a través de las empresas Assets 4 Sports y Vela Management. Estos contratos TPO implicaban que los derechos económicos de los jugadores estaban en manos de terceros, como agentes.

El juez señala que Doyen Sports operaba como un establecimiento permanente en España, por lo que debía tributar en el país. Tanto Aguilar como López no solo actuaron como agentes de Doyen Sports, sino que también llevaron a cabo actividades profesionales y simularon no ser residentes en España para evitar el pago de impuestos.

La investigación se inició tras una denuncia de la Fiscalía contra varios implicados por defraudación a Hacienda y blanqueo de capitales. Sin embargo, se decidió archivar el caso para algunos de los acusados y se descartó el delito de blanqueo.

El juez recopiló información tributaria de múltiples fuentes, incluyendo documentos obtenidos de Portugal, Malta, Reino Unido, Jersey, Emiratos Árabes, Suiza, Mónaco y Alemania. Además, se realizaron registros en domicilios de los investigados y sedes de las empresas relacionadas con ellos.

Para respaldar su decisión, Pedraz solicitó información a entidades bancarias como Banco de Sabadell y Banco Santander, así como a varios clubes de fútbol. Se ha ordenado a la Fiscalía y a las partes relacionadas presentar sus escritos de acusación o defensa, y se ha indicado que cabe recurso contra esta decisión.