En Zaragoza, el próximo pleno municipal de junio se convertirá en un escenario clave donde Marian Orós, consejera de Políticas Sociales, presentará una moción que cuestiona la efectividad de la gestión migratoria del Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez. Orós ha expresado la necesidad urgente de que el Ejecutivo asuma la responsabilidad por la situación actual, que ha llevado a un "caos" en la atención a inmigrantes y ha incrementado problemas como la irregularidad y la pobreza.

La propuesta también critica la falta de un plan claro, instando al Gobierno a que deje de utilizar a los ayuntamientos como “parches” para ocultar cuestiones más profundas en la política migratoria. Además, exige la creación de un fondo dotado de recursos humanos y económicos para la acogida de solicitantes de asilo, así como un aumento en las ayudas al retorno voluntario y en los recursos disponibles para los municipios, que a menudo se ven desbordados.

Orós ha trasladado sus preocupaciones en una rueda de prensa, resaltando que la actual política migratoria del Gobierno ha fracasado. A su juicio, el vacío de planificación ha dejado a las ciudades a merced de una crisis que no saben cómo manejar. Los datos son alarmantes: desde 2017, la inmigración ilegal ha aumentado un 130%, lo que ha facilitado el crecimiento de redes de tráfico de personas.

Conforme a la consejera, la gestión ineficiente del Gobierno también ha resultado en situaciones concretas y trágicas, como la presencia de decenas de personas en la calle en Zaragoza. A raíz de un conteo recientemente realizado, se ha corroborado que hay 61 personas viviendo en condiciones de calle, muchas de ellas con derecho a protección internacional, mientras que el albergue municipal se encuentra sobrepasado y sólo puede ofrecer refugio a una pequeña fracción de quienes lo necesitan.

La situación se complica aún más cuando jóvenes migrantes han reportado ser amenazados con la expulsión inminente de los programas de protección, lo que pone de manifiesto la falta de gestión adecuada por parte del Gobierno central. Orós ha afirmado que este colapso en los programas de asilo y ayuda humanitaria está trasladando la responsabilidad a los municipios, que no tienen cómo gestionar el volumen de personas que se ven obligadas a enfrentar la calle.

Adicionalmente, Orós destacó el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza, que actualmente atiende a un centenar de migrantes con derecho a protección, pero advirtió que ello no puede convertirse en una solución permanente para un problema que debe ser abordado por el Gobierno central.

Finalmente, Orós ha llevado su crítica más allá, invitando a la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a que visite la ciudad y se familiarice con la dura realidad que enfrentan muchos de estos migrantes en su vida diaria. Subrayó que la dignidad humana no es simplemente un término, sino una responsabilidad compartida que debe ser gestionada de forma efectiva desde el Gobierno.

Por otro lado, ha anunciado que se prevé la apertura de nuevas instalaciones en el albergue para final de año, con el objetivo de mejorar la atención a quienes enfrentan situaciones de emergencia, reiterando que los esfuerzos del Ayuntamiento no deben sustituir la obligación del Gobierno en este ámbito. En su discurso, quedó claro que Zaragoza está dispuesta a colaborar, pero la falta de recursos y apoyo del Gobierno sigue siendo un obstáculo considerable en la lucha por la dignidad y el bienestar de los migrantes.