ZARAGOZA, 27 de junio.

En un operativo reciente, la Policía Nacional ha desocupado un grupo de ocho individuos que estaban residiendo de manera irregular en trasteros ubicados en el sótano de un inmueble en la Avenida de Madrid, en el barrio de Delicias de Zaragoza. Las condiciones en las que habitaban eran alarmantes, presentando un claro peligro para la seguridad y la salud de los ocupantes.

Estos trasteros, que carecían de las mínimas condiciones de salubridad y habitabilidad, fueron transformados en improvisadas viviendas. La situación empeoraba aún más al encontrarse sistemas eléctricos instalados de forma fraudulenta y sin ningún tipo de supervisión, alertaron fuentes policiales.

La intervención policial se originó tras una denuncia presentada el 9 de junio por un dueño de un trastero, quien descubrió que su espacio había sido invadido. A través de una investigación, se confirmó la ocupación y se identificaron las condiciones extremadamente peligrosas que anexaban la situación.

Al realizar la inspección en el edificio, los agentes involucraron a la compañía eléctrica, que diagnosticó la instalación como "peligrosa" y recomendó el corte inmediato del suministro. Sin embargo, fue imposible llevarlo a cabo debido a la coexistencia de inquilinos y comercios que contaban con contratos válidos, ya que el sistema eléctrico no permitía cortes individuales.

Además, el Servicio Municipal de Bomberos presentó un informe que subraya el alto riesgo de incendio en el lugar, destacando la acumulación de materiales inflamables y el uso de empalmes improvisados en cables, así como la deficiente situación del cuarto de contadores.

El informe concluye que estos trasteros no son aptos para ser utilizados como viviendas conforme al Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, advirtiendo que tal situación representa un peligro inminente para todos los que residían y trabajaban en el edificio.

La ocupación de este inmueble se remonta a más de dos años atrás, cuando fue embargado por una gestora de activos durante el verano de 2024. Actualmente, solo tres de las viviendas están ocupadas por propietarios legítimos o arrendatarios, mientras que el resto del edificio se encuentra bajo la ocupación ilegal.

En el sótano, un total de 12 trasteros y un área anexa fueron apropiados y transformados en dormitorios, incluyendo un baño común que afectaba al sistema de presión de agua del edificio. Además, se hallaron hasta diez conexiones ilegales a la red eléctrica para abastecer a estos espacios, creando una peligrosa red eléctrica.

Los trasteros se convirtieron en una especie de comunidad clandestina donde residían tanto personas en situación de vulnerabilidad como delincuentes habituales involucrados en robos y hurtos violentos.

El desalojo se llevó a cabo el 26 de junio, contando con la autorización del juzgado correspondiente. Simultáneamente, la gestora de activos ha empezado a proteger los accesos al edificio para prevenir futuras ocupaciones, utilizando tabiques para bloquear viviendas y trasteros.

La Policía Nacional sigue comprometida en la tarea de garantizar la seguridad de los residentes legítimos y en la prevención de la repetición de situaciones similares, trabajando en conjunto con los servicios municipales y otras autoridades competentes.