El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado hoy que su administración está considerando llevar a los tribunales el decreto-ley emitido por el Consejo de Ministros, que trata sobre la reubicación de menores migrantes no acompañados. Esta decisión surge en el contexto del reciente acuerdo alcanzado con Junts, y otras comunidades autónomas bajo el mandato del Partido Popular, como Aragón y Castilla y León, ya han indicado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Durante una conferencia de prensa en Zaragoza, donde se reunió con el presidente aragonés, Jorge Azcón, Moreno subrayó que, respecto a la posibilidad de que Andalucía reciba a los menores migrantes que lleguen finalmente, los gobiernos tienen “la responsabilidad de respetar las leyes” y de “mantener la institucionalidad, que es clave para mantener la confianza de nuestros ciudadanos”.

“A diferencia del Gobierno de Sánchez, que parece actuar de forma complaciente, nosotros nos comportamos como un gobierno responsable. Por lo tanto, aunque estamos contemplando la posibilidad de recurrir, cumpliremos con la ley ante el atropello y la cesión continua que hace al señor Puigdemont, evidenciando la debilidad del Ejecutivo central”, comentó Moreno.

El presidente andaluz subrayó la “absurda” situación de que alguien que se encuentra a miles de kilómetros de España sea quien dicte cuántos migrantes debe aceptar Andalucía o Aragón, refiriéndose a Carles Puigdemont. “¿Cómo es posible que un fugado de la justicia pretenda dictar lo que deban hacer andaluces y aragoneses? Esto es completamente ilógico y no puede ser tomado en serio”, argumentó.

Moreno catalogó la situación como un “colosal disparate” tanto legal como social y político, y reafirmó su creencia de que el Gobierno central no retrocederá en su decisión, dado que carece de autocrítica y no toma en cuenta la complejidad de la situación que enfrentan los menores, a quienes se trata “como si fueran simples objetos”.

Para ilustrar su punto, recordó que el Gobierno central envió a Andalucía a más de 600 migrantes adultos sin previo aviso, quienes resultaron ser menores según la Fiscalía, y que ahora deben ser atendidos por la administración andaluza.

Juanma Moreno cerró su intervención criticando la “falta de comunicación, transparencia y lealtad institucional” por parte del Gobierno central en materia de migración, añadiendo que la colaboración entre las diferentes administraciones es fundamental para afrontar este reto de manera efectiva.