Las Cortes de Aragón han aprobado, por unanimidad, la Oferta de Empleo Público para el año 2024, que contempla un total de 21 nuevas plazas que serán ocupadas mediante oposición o concurso oposición.

Esta iniciativa, respaldada por la Mesa de las Cortes y la Mesa de Negociación de las Cortes, tiene como objetivo actualizar la gestión de la institución para adaptarla a las necesidades de la sociedad actual.

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha destacado la importancia de estos acuerdos unánimes, los cuales buscan dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, del Parlamento y del personal de la Casa.

Tanto la Oferta de Empleo Público como otras medidas relacionadas con la actualización de la plantilla del Parlamento han sido publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón el 21 de mayo.

La OEP para 2024 incluye 11 plazas de funcionarios y 1 de personal laboral, así como 8 plazas de promoción interna, todas ellas a resolver mediante oposición o concurso oposición.

Entre las plazas ofrecidas se encuentran técnicos superiores jurídicos, analistas de sistemas, personal administrativo, auxiliares de protocolo, oficiales de mantenimiento, entre otros perfiles especializados.

El proceso de selección de personal se llevará a cabo siguiendo los principios constitucionales de igualdad y garantizando el acceso a la función pública mediante convocatorias públicas.

Además de la OEP, se ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la institución para atender las necesidades en diversas áreas y mejorar la prestación del servicio público.

La Presidencia de las Cortes de Aragón ha iniciado un proceso de diagnóstico para objetivar las necesidades de la administración parlamentaria y reforzar la cualificación de la plantilla, creando nuevos puestos y reforzando otros en áreas como ciberseguridad e inteligencia artificial.

Se ha acordado también la modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la administración de las Cortes para adaptar las funciones de los servicios existentes a las demandas parlamentarias y tecnológicas actuales, incluyendo la actualización del Servicio de Tecnología de la Información y Comunicaciones.