El pasado jueves, las Cortes de Aragón se convirtieron en el escenario de un intenso debate tras la comparecencia de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. Durante su intervención, Susín se enfrentó a las acusaciones de varios grupos de la izquierda, que la señalaron por supuesto "racismo institucional" debido a su oposición a la acogida de menores migrantes no acompañados. En el intercambio verbal, la consejera expresó su descontento, acusando a sus opositores de "cinismo". Mientras tanto, Vox centró su discurso en vincular la inmigración a un aumento de la delincuencia, afirmando que "la inmigración ilegal masiva es un problema".

La consejera comenzó su intervención aludiendo al "efecto llamada" que provocó la llegada del barco Aquarius tras el ascenso de Pedro Sánchez al poder en 2018. Desde entonces, destacó que más de 350.000 inmigrantes han ingresado de manera irregular a España, lo que considera un desafío para la gestión del sistema de acogida actual.

Susín criticó que el Estado transfiera refugiados a Aragón a través de programas que solo duran tres meses. Estos menores, según explicó, son abandonados sin recursos ni habilidades lingüísticas, dejándolos en una situación de vulnerabilidad. La consejera señaló que la llegada de migrantes ocurre a diario, con algunos llegando por acuerdos oficiales, otros de manera independiente, e incluso con padres que dejan a sus hijos en lugares como comisarías.

Al hacer comparaciones, mencionó que Aragón recibe un menor por cada 2.738 habitantes, en contraste con Cataluña, que recibe uno por cada 3.069. Esto, según Susín, invalidaría la noción de una distribución equitativa en el acogimiento de menores migrantes, por lo que su Gobierno se opone a la imposición central de la distribución de menores desde regiones que están saturadas.

La consejera también apuntó a las falencias del Gobierno central por "romper consensos" previamente establecidos a la hora de repartir responsabilidades en la acogida de menores. Además, expuso su preocupación sobre el manejo del trasladado de estos menores, que sería decidido por delegados que carecen de las competencias necesarias para la protección infantil. Informó que, hasta el momento, solo se han concretado 29 traslados, con una parte ya en Aragón.

En el debate, Susín subrayó la falta de seriedad al amenazar a presidentes autonómicos con medidas policiales si se niegan a acoger menores, sugiriendo que sería más sensato desviar estos recursos a la protección de fronteras. Criticó a la izquierda por utilizar la migración como un arma política y por no tener un verdadero interés en resolver la situación.

La diputada socialista Pilimar Zamora respondió con dureza, señalando que la consejera no había propuesto soluciones para el sistema de acogida y que su retórica estigmatizadora afectaba la percepción de los menores migrantes. Cuestionó su capacidad para gestionar la situación y sugirió que debería considerar su dimisión.

Zamora hizo énfasis en que el enfoque actual del PP, bajo el liderazgo de Azcón, puede interpretarse como un racismo institucional, haciendo una comparación con presidentes socialistas que, en el pasado, afrontaron crisis migratorias con responsabilidad y apertura.

Por su parte, Alejandro Nolasco, de Vox, insistió en que la inmigración ilegal es un problema y culpó al bipartidismo de haber fomentado un "efecto llamada". Resaltó que hay muchas familias españolas en apuros económicos que merecen atención antes que a inmigrantes ilegales, y criticó a los populares por su conformismo con las políticas del Gobierno central.

Isabel Lasobras, de CHA, rechazó la idea de que los intereses políticos pudieran pesar más que la vida de los menores, acusando a la consejera de adoptar una postura racista al negarse a acoger a quienes más lo necesitan. Por su parte, Pilar Buj de Aragón-Teruel Existe, defendió la experiencia positiva de la acogida de migrantes en pequeñas localidades, resaltando el valor que estos pueden aportar a las comunidades.

El titular de Podemos, Andoni Corrales, apuntó a la responsabilidad de la consejera de actuar en beneficio de los vulnerables, mientras que Alberto Izquierdo, del PAR, mostró su desconcierto por el tono de Susín. Álvaro Sanz de IU, lamentó que la consejera no estuviera a la altura y que la falta de colaboración del PP estuviese dificultando la acogida solidaria.

Finalmente, Silvia Casas, del PP, defendió a Susín asegurando que su gestión es responsable y justa, además de señalar que los aragoneses son solidarios, aunque no deben permitir que el caos prevalezca en la atención a migrantes. Así, se evidenció un debate polarizado en el que las posturas sobre la inmigración dibujan líneas profundas entre conservadurismo y progresismo en la comunidad aragonesa.