La DPZ alquila la plaza de toros por precio sin valorar programación
La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha decidido adjudicar el alquiler de la plaza de toros de La Misericordia únicamente en función del precio ofertado. La licitación establece que la oferta económica será el único criterio de selección, sin valorar aspectos como la calidad de los festejos o las fechas. La duración del contrato será en 2026 y 2027, con posibilidad de prórroga en 2028.
Este cambio en la gestión responde a la anulación de un pliego anterior por recursos presentados por organizaciones taurinas y la oposición política, tras una resolución judicial que cuestionaba criterios subjetivos en la adjudicación. La decisión se ha tomado para garantizar la celebración de festejos taurinos en el próximo mes de octubre, en el marco de las Fiestas del Pilar, pese a las controversias legales.
Desde el Ejecutivo provincial, se ha insistido en que el modelo de adjudicación basado solo en el precio no refleja la visión original de la institución, que prefería valorar aspectos como la promoción y programación. La medida ha generado rechazo entre algunos sectores políticos y taurinos, que consideran que puede limitar la variedad y calidad de los festejos.
El pliego de condiciones establece que el adjudicatario podrá programar las corridas y otros festejos según su criterio, sin restricciones de fechas, número o categoría. Además, no se reservan espacios para la DPZ ni se condiciona la celebración a ciclos taurinos específicos, dejando la gestión en manos del licitador durante los periodos establecidos.
Este escenario revela las tensiones políticas y jurídicas que rodean la gestión del patrimonio taurino en Aragón, en medio de debates sobre la tradición y la protección del patrimonio cultural. La decisión de la DPZ refleja también la influencia de los recursos judiciales y las presiones de sectores antitaurinos y taurinos.
De cara al futuro, la situación continúa siendo incierta, con posibles recursos y cambios en la normativa que puedan afectar la continuidad de las actividades taurinas en la plaza. La decisión de seguir adelante con el alquiler solo por criterios económicos refleja la difícil convivencia entre intereses políticos, económicos y culturales en la región.