El 12 de noviembre en Zaragoza, el partido Izquierda Unida llevará a la sesión plenaria de las Cortes de Aragón una proposición no de ley que busca que el Gobierno autonómico cese en su promoción de la educación concertada. La iniciativa enfatiza la necesidad de garantizar que las familias aragonesas puedan conciliar su vida laboral y familiar de manera efectiva, mientras critica la aparente contradicción entre las declaraciones oficiales y las políticas implementadas, especialmente en relación con la reciente eliminación de las aulas de tarde previstas para el curso 2025-2026.

Álvaro Sanz, portavoz de IU en el Parlamento, ha calificado de contradictoria esta medida, resaltando que va en contra de la Estrategia de Conciliación y Corresponsabilidad que presentó el Gobierno. Según Sanz, la eliminación de estas aulas es incoherente con las promesas realizadas y agrava la situación que enfrentan muchas familias en Aragón.

Izquierda Unida ha manifestado que la estrategia oficial reconoce una "grave carencia" en la oferta de servicios públicos de cuidado, especialmente dirigidos a la atención de la primera infancia y a personas con dependencia. Además, se señala que un alto número de familias enfrenta barreras económicas, territoriales y administrativas que limitan su acceso a estos servicios esenciales.

A pesar de esta situación, el diputado Sanz ha criticado al Gobierno por optar por recortes en lugar de fortalecer estos recursos. Así, IU está haciendo un llamado para que se mantengan las aulas de tarde gratuitas en los centros escolares que lo han solicitado, se amplíen las opciones de aulas para madrugadores y de tarde en toda la región, y se evalúen de manera integral los recursos de conciliación antes de finalizar 2025. Asimismo, claman por un plan específico para 2026 que busque no solo optimizar sino también incrementar estos recursos con financiación pública adecuada y que se refleje en el presupuesto autonómico.

Sanz ha enfatizado que la capacidad de conciliación no debería estar condicionada por los ingresos económicos o el lugar de residencia, subrayando que se trata de una cuestión de justicia social y corresponsabilidad por parte de las instituciones. Para que el Gobierno de Aragón demuestre un compromiso auténtico con su estrategia, es necesario que asigne recursos adecuados y detenga las políticas de recortes que afectan de manera desproporcionada a las familias más necesitadas.