En el día de ayer, 18 de diciembre, Zaragoza se vio envuelta en una controversia significativa con la intervención de Izquierda Unida de Aragón, que ha solicitado con vehemencia la revisión exhaustiva de todos los expedientes del grupo Forestalia. La petición incluye la suspensión de autorizaciones previamente concedidas y la anulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Búfalo, recientemente calificado como de interés autonómico por el Gobierno de Aragón.

Durante una conferencia de prensa en las Cortes, el portavoz de la formación, Álvaro Sanz, expuso que las recientes revelaciones sobre presunta corrupción en el proceso de concesión de permisos han avivado las dudas sobre las actividades de Forestalia. Según él, el desarrollo acelerado y caótico de centrales eólicas y fotovoltaicas en la región plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la planificación de estos importantes proyectos.

Sanz enfatizó que el crecimiento de estas instalaciones se ha realizado de manera desorganizada y sin la debida consideración por la preservación de especies protegidas, además de ignorar las alegaciones de los ciudadanos. "Hay un claro desinterés por implementar regulaciones adecuadas y, lamentablemente, seguimos en esa misma dirección", aseguró el político, pidiendo un examen meticuloso de las decisiones de cada partido en la Comisión de Investigación de las Cortes, así como la recuperación de informes que han sido desestimados por funcionarios públicos.

El responsable de Modelo Productivo y Ecologismo de IU Aragón, Jesús García Usón, también se pronunció sobre la situación actual del sector energético en la comunidad. Indicó que la vorágine de proyectos relacionados con energías renovables está causando una gran demanda por parte de la industria electrointensiva, lo que a su juicio está generando un ambiente especulativo.

García Usón advirtió que se están planificando proyectos para cuadruplicar la potencia energética instalada en Aragón, que ya había crecido un 90% tras el cierre de las plantas de carbón. Además, alertó que solo los centros de datos que buscan acceso a la red eléctrica podrían aumentar el consumo actual de electricidad en la comunidad hasta cinco veces.

El activista destacó que Forestalia ha tenido acceso a procedimientos administrativos beneficiados por las administraciones a nivel autonómico y nacional, en un contexto legislativo que favorece al sector energético. Mencionó, entre otras, la ley de autoconsumo industrial que actualmente está siendo cuestionada por el Tribunal Constitucional. También citó proyectos energéticos que, a pesar de recibir informes ambientales favorables de parte del Ministerio, habían sido rechazados en otras comunidades debido a su impacto medioambiental y que ahora están resurgiendo en Aragón.

Entre los proyectos en cuestión está el Proyecto Búfalo, que implica la creación de centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén, así como la gigafactory de baterías de CATL en Figueruelas, y un centro de datos de Repsol en Escatrón. Este contexto ha llevado a que Izquierda Unida pida la revisión de todos los trámites y la suspensión de las autorizaciones ya concedidas a Forestalia.

Marta Abengochea, quien recientemente asumió el cargo de coordinadora general de IU Aragón, subrayó la obligación del Gobierno de Azcón de suspender la Declaración de Interés Autonómico otorgada al Proyecto Búfalo, el cual ha sido promocionado como uno de los mayores actores en el sector energético y tecnológico de Aragón.

El plan de este proyecto no solo incluye los centros de datos, sino que también busca integrar la producción y gestión energética, aunque muchas de las centrales involucradas ya habían enfrentado rechazos por su impacto ambiental en otras comunidades. Abengochea, además de exponer la corrupción en la administración pública, insistió en la necesidad de tomar medidas severas contra los responsables, como la inhabilitación para contratos públicos y la prohibición de participación en concursos, subastas y licencias administrativas. "No se trata solo de señalar la corrupción, sino de erradicar los privilegios que gozan quienes la fomentan y se benefician de ella", concluyó.