Grupos minoritarios en las Cortes de Aragón rechazan reparto proporcional en subvenciones
En las Cortes de Aragón, la distribución de más de dos millones de euros en subvenciones para gastos de personal ha generado controversia al aplicarse un criterio de proporcionalidad pura, que limita significativamente los recursos de los grupos con menos representación. La propuesta, respaldada por el PP, PSOE y Vox, ha sido rechazada por las formaciones minoritarias, A-TE e IU, que consideran que esta fórmula impide garantizar condiciones mínimas de trabajo.
El acuerdo aprobado en la Junta de Portavoces establece una asignación mensual fija y una cantidad adicional por diputado, pero la distribución del gasto de personal se realiza en función del número de escaños, lo que ha provocado que los grupos más pequeños, como A-TE e IU, vean reducidos sus recursos en más de un 60%. Esta modificación rompe con precedentes históricos en los que los grupos minoritarios recibían recursos superiores a los estrictamente matemáticos, según sus responsables.
Desde las formaciones minoritarias, especialmente Marta Abengochea y Tomás Guitarte, se ha denunciado que la medida favorece a los grupos mayoritarios y que puede condicionar gravemente el funcionamiento de los grupos más pequeños, afectando a su capacidad de representación y control político. Ambos han señalado que han presentado alternativas que no han sido consideradas en el acuerdo, y han criticado la supuesta alianza entre PP, PSOE y Vox para repartirse los recursos.
En el contexto político, esta decisión evidencia las tensiones existentes en las Cortes, donde las formaciones minoritarias buscan mantener un equilibrio que garantice su operatividad en un escenario de mayor polarización y fragmentación. La reducción de recursos a A-TE, que ha perdido un escaño en esta legislatura, refleja también una estrategia de contención presupuestaria que afecta a las minorías.
El debate sobre la distribución de subvenciones en las Cortes de Aragón se enmarca en un escenario más amplio de tensión institucional, donde las minorías reclaman mayor reconocimiento y recursos adecuados para cumplir con su papel democrático. La oposición a este modelo puede abrir la puerta a futuras acciones judiciales o a nuevas propuestas de reforma en el reglamento parlamentario.
En definitiva, la polémica revela cómo las decisiones sobre financiación y recursos en los parlamentos autonómicos siguen siendo un reflejo de las dinámicas de poder, poniendo en evidencia la fragilidad del pluralismo en un contexto de mayor concentración del control político en los partidos mayoritarios.