La ciudad de Zaragoza ha sido testigo de un avance significativo este miércoles, cuando los principales actores sociales y económicos de la región, incluyendo los sindicatos CCOO y UGT, así como las organizaciones empresariales Cepyme y CEOE, han formalizado un pacto socioeconómico que estructurará los próximos años de legislatura. Este acuerdo se centra en cinco ejes fundamentales: formación y empleo; relaciones laborales y negociación colectiva; dinamización empresarial; cohesión, acción social y servicios públicos; y simplificación y modernización administrativa.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, expresó su satisfacción por alcanzar este tipo de acuerdos en un contexto propenso a la polarización social. Azcón afirmó que este entendimiento refleja la auténtica esencia de los aragoneses, a quienes describió como una comunidad trabajadora, solidaria y capaz de establecer pactos desde épocas históricas, como lo demuestra el Compromiso de Caspe y el principio jurídico del 'Standum est chartae', que subraya la capacidad de los aragoneses para regular sus intereses individuales respetando normas superiores.

El presidente Azcón también destacó el compromiso de Aragón con el desarrollo socioeconómico, asegurando que la comunidad ha mostrado consistentemente resultados por encima de la media nacional, lo que atrae a los inversores que buscan un entorno de estabilidad y paz social —un aspecto que considera poco frecuente en otras comunidades autónomas del país. Es esta paz social la que garantiza la llegada de inversiones y el fortalecimiento de empresas y empleos, asegurando así un futuro prometedor para Aragón.

Con vistas al 2024, que se perfila como "el año de las inversiones", Azcón expresó su confianza en que proyectos clave como la gigafactoría de Stellantis y CATL añadan valor al crecimiento de la región. Afirmó que, si se logran estas inversiones estratégicas en el sector automotriz, se podría alcanzar o incluso superar la cifra de 40.000 millones de euros en inversión extranjera, una cifra significativamente más alta que la media nacional, representando, en sus palabras, “400 años de inversión extranjera en Aragón”.

Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, aclaró que este nuevo acuerdo es la continuación de un primer documento firmado el año anterior y refleja el "espíritu pactista" que ha caracterizado a Aragón. Con esta nueva iniciativa, el Gobierno autonómico se compromete a priorizar a trabajadores y empresas en su agenda política, lo que se traduce en una garantía de bienestar social tanto para los ciudadanos como para las organizaciones productivas.

Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón, calificó la firma del acuerdo como un símbolo de "continuidad y normalidad". Indicó que Aragón se distingue como la única comunidad autónoma que ha mantenido un diálogo social constante desde 1989, un hecho que atribuye a la convicción compartida entre agentes sociales y gobiernos respecto a la importancia de mantener un clima de consenso para el desarrollo económico.

Pina subrayó la necesidad de este diálogo social no como un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar y lograr una mayor cohesión social, donde se integren diferentes perspectivas en busca del acuerdo. Desde UGT Aragón, su secretario general, José Juan Arceiz, celebró este día como "muy importante" debido a la firma de un acuerdo que abarca la economía y las diversas facetas sociales de la comunidad, resaltando su carácter integral.

Arceiz también hizo hincapié en la importancia de la formación de los aragoneses para que puedan acceder a los nuevos puestos de trabajo que emanan de este acuerdo, así como la necesidad de reforzar los servicios públicos y abordar temas cruciales como la igualdad, la vivienda y la despoblación. Además, mencionó que el pacto incluye medidas específicas para combatir la siniestralidad laboral y para la modernización de la Administración pública, aunque destacó la importancia de desarrollar estos acuerdos para garantizar la llegada continua de inversiones.

La presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, calificó la jornada de "un día grande" para el diálogo social y demandó un reconocimiento constitucional que respalde los intereses tanto de sindicatos como de patronales. Según ella, un entorno de paz social es crucial para atraer inversiones, dado que los empresarios tienden a preferir lugares con baja conflictividad y un ecosistema favorable para sus operaciones. Aplaudió el compromiso de Aragón en ser un ejemplo de responsabilidad en este aspecto durante más de tres décadas.

Por último, el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, puntualizó que la naturaleza de Aragón como una tierra de pactos no es casualidad, sino producto de una cultura de cumplimiento de compromisos. Elaboró sobre la importancia del consenso entre el Gobierno, patronales y sindicatos como motor de éxito para la firma continua de acuerdos, un aspecto que las empresas valoran significativamente.

El acuerdo abarca una serie de acciones concretas, como la creación de un plan de empleabilidad para desempleados, el restablecimiento del contrato-programa de formación continua, la modernización de los servicios del Inaem y la promoción de la formación profesional dual, así como la adaptación de la educación universitaria a las demandas del mercado laboral.

Asimismo, el segundo eje del acuerdo se centra en la negociación laboral, donde se prevé un plan contra la siniestralidad y la elaboración de planes de igualdad que refuercen la cohesión social. En términos de dinamización empresarial, se plantean acciones específicas para apoyar a las pymes y fomentar la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

En el cuarto eje, que abarca cohesión y acción social, se proponen medidas que van desde la vivienda y la educación hasta la movilidad y la atención a la despoblación. Finalmente, se establece un compromiso por la modernización y simplificación administrativa que busque mejorar la relación con los ciudadanos y las empresas a través de la digitalización y la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.