El Gobierno de Aragón ha expresado su grave inquietud ante la inminente eliminación de hasta 151 paradas de autobús en las líneas estatales que operan en la región. Esta situación se ha desencadenado tras la aprobación en el Congreso del nuevo proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, apoyado por partidos como el PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts.

Si esta legislación se concreta, se establecen las bases legales para un nuevo mapa concesional estatal que se implementaría en un plazo no superior a un año. Esto significaría un golpe directo a la movilidad de más de 25.000 aragoneses, quienes perderían la opción de acceder al transporte público en sus localidades. Aunque los autobuses seguirán pasando, ya no se detendrán, dejando a muchos sin una opción de transporte viable.

El Gobierno autonómico ha denunciado reiteradamente lo que considera un asalto a las políticas que buscan combatir la despoblación. El director general de Transportes, David Sánchez Fraile, enfatizó que las medidas impulsadas por el Ministerio de Transportes priorizan la rapidez de las conexiones entre grandes ciudades, ignorando las necesidades del transporte público en el medio rural, donde la situación es ya complicada.

Si se aprueba el nuevo mapa concesional, más de 26.500 ciudadanos de Huesca se verán directamente perjudicados, ya que perderán paradas en 50 municipios. En Zaragoza, 39 municipios quedarían desprovistos de paradas donde actualmente casi 2.500 personas pueden abordar sus autobuses, mientras que en Teruel, el recorte afectaría a 62 localidades y casi 10.000 usuarios.

El Gobierno de Aragón se opone firmemente a la eliminación de cualquiera de las 151 paradas propuestas, defendiendo que el medio rural merece contar con un sistema de transporte público eficiente y accesible. Sánchez Fraile también mencionó que, en contraste con los planes del Gobierno central, Aragón ha logrado expandir sus servicios, aumentando la cobertura de transporte de 900 a 1.500 localidades, mejorando las frecuencias, actualizando la flota con vehículos más limpios y accesibles, además de reducir tarifas.

Mientras Aragón continúa implementando su propio mapa de transporte, el Ejecutivo autonómico permanecerá vigilante ante el desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible y sus implicaciones para el transporte público en la comunidad. Sánchez Fraile concluyó señalando que, dependiendo de cómo se desarrolle la situación, el Gobierno de Aragón no descarta intensificar sus acciones informativas y de protesta en los municipios afectados por la eliminación de estos servicios estatales.