El Gobierno de Aragón ha tomado la iniciativa de presentar sus alegaciones al principio del proceso del Plan Hidrológico del Ebro, correspondiente al cuarto ciclo que abarca de 2028 a 2033. A través del Instituto Aragonés del Agua, se busca abrir un diálogo activo con todas las partes afectadas, proponiendo la creación de nuevos regadíos y advirtiendo sobre la potencial disminución de las dotaciones de riego, que podría amenazar el vital sector agroalimentario en la región.

En una reciente rueda de prensa, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, junto con otros altos funcionarios como Luis Estaún y José Manuel Cruz, presentó las preocupaciones del Ejecutivo aragonés. Blasco subrayó la inadecuada falta de comunicación con los sectores afectados, lo que, a su juicio, excluye una visión clara sobre el futuro de la agricultura en la comunidad. Según él, el documento preliminar representa un compromiso deficiente con los intereses de Aragón, ya que plantea recortes en las dotaciones de riego, poniendo en riesgo no solo a los regantes, sino a toda la ciudadanía.

El consejero también destacó la importancia de tres proyectos hidráulicos clave—Yesa, Mularroya y Almudévar—que aún no están operativos. Blasco argumentó que el manejo del agua es crucial para la región y que solicitarán más obras de regulación en fases futuras del plan.

Este planteamiento surge a raíz de un anuncio en diciembre pasado del Ministerio para la Transición Ecológica, que abrió el periodo de consulta pública sobre los Documentos Iniciales del Plan Hidrológico del Ebro, en los que el Gobierno de Aragón observa una falta de atención hacia los aspectos relacionados con la agricultura y los regadíos.

Las alegaciones resaltan que se carece de una visión a largo plazo sobre la agricultura en esta demarcación, al no considerar adecuadamente la evolución de los sectores dependientes del agua. Se insta a un diálogo urgente con todos los actores implicados, incluyendo al Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas relevantes.

Asimismo, se critica la falta de reflexión sobre el sector agrario y la ausencia de propuestas para nuevos regadíos. Se alega que las proyecciones sobre la reducción de necesidades hídricas ignoran el aumento de la demanda de ciertos cultivos y las implicaciones del cambio climático en los sistemas agrícolas.

Luis Estaún, del Instituto Aragonés del Agua, aclaró que el documento se basa en un supuesto de reducción de 5% en el uso del agua, sin justificación, ya que existen recursos suficientes. A su juicio, parece haber una falta de voluntad política para poner estos recursos al servicio de la comunidad.

Las alegaciones exigen que se consideren adecuadamente los efectos del cambio climático, no solo en términos de necesidades hídricas, sino también en la distribución y tipo de cultivos. Además, se solicita que no se desestime la posibilidad de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, haciendo hincapié en la necesidad de equilibrar la salud de las masas de agua con las exigencias del sector agrícola y otros usuarios.

Respecto a las dotaciones de riego, el estudio preliminar sugiere recortes significativos en comparación con el ciclo anterior, lo cual ha sido calificado de “inaceptable” por el Departamento de Agricultura. Cruz recordó que la agricultura representa el 15% del PIB en Aragón y subrayó que comprometer su viabilidad es, a todas luces, irracional.

El director general de Desarrollo Rural advirtió que un modelo rígido en el manejo del agua podría provocar fallos en las cosechas en años desfavorables, poniendo en riesgo la inversión de los agricultores en la modernización de sus fincas.

Finalmente, el Gobierno de Aragón urge a realizar previsiones más realistas que tengan en cuenta las tendencias climáticas pasadas para proyectar las dotaciones de agua, revisar datos cruciales y asegurar que las necesidades actuales de los cultivos sean reflejadas con precisión en los documentos de planificación.