Este jueves, 20 de marzo, el sector de servicios sociales se manifestará frente a la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en la ciudad de Zaragoza.

Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han hecho un llamado este martes para solicitar "mayor cantidad de plazas" y "más educadores" en los centros dedicados a la protección y reforma de menores en Aragón. Además, han pedido protocolos de seguridad más estrictos, advirtiendo que situaciones trágicas como la ocurrida en Badajoz, donde una trabajadora fue asesinada, podrían repetirse en la región.

La concentración, programada para las 11.30 horas, se llevará a cabo en la emblemática plaza del Pilar en Zaragoza. Esta actividad se realiza en memoria de la compañera fallecida y busca exigir un convenio autonómico y la permanencia de los centros en la comunidad, en el marco de unas movilizaciones más amplias que se están planificando a nivel nacional.

En una reciente rueda de prensa en la sede de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), varios representantes sindicales, incluido Angélica Mazo de UGT Aragón y Héctor García, trabajador del centro de menores de Juslibol, denunciaron la precariedad laboral y la falta de seguridad en estos centros.

Angélica Mazo advirtió que "lo que ha ocurrido en Badajoz podría suceder en cualquier momento aquí". Destacó que en algunos centros de Aragón solo hay un educador por turno, lo que genera una carga excesiva para el personal existente. Denunció también que los servicios se han externalizado a precios bajos desde 2003, comprometidos por el deseo de ahorrar costos, resultando en un servicio deficiente.

La representante de UGT criticó que el Gobierno de Aragón recorta gastos a través de la externalización, mientras que las entidades privadas buscan maximizar sus beneficios, poniendo en riesgo a los trabajadores. Señaló que en algunas ocasiones han tenido que afrontar turnos de noche con un solo empleado, una situación que no debería ser aceptada.

Mazo enfatizó que esta situación ha llevado a una pérdida significativa del poder adquisitivo de los trabajadores, quienes han visto reducido su salario en un 50% desde la externalización, a la vez que las condiciones laborales continúan empeorando.

"No podemos aceptar que los trabajadores abandonen sus empleos por el riesgo y las malas condiciones que enfrentan", advirtió Mazo, mencionando que las entidades no logran atraer personal. A su juicio, esto solo podrá cambiar con una mayor inversión por parte del Gobierno y una renuncia de las concesionarias a obtener utilidades excesivas.

Héctor García también compartió preocupaciones sobre la falta de habilidades emocionales de los jóvenes con los que trabajan, lo que a menudo resulta en situaciones conflictivas que dejan a los educadores sintiéndose "completamente desamparados".

Cuando ocurren incidentes violentos, García expresó que la atención posterior es insuficiente: "Cuando acudes a la mutua de accidentes, te ofrecen solo una pastilla y al día siguiente ya se espera que estés de regreso al trabajo."

Desde CGT, García destacó que en su centro hay una decena de compañeros de baja, de un total de 45 a 50 empleados. Aunque las agresiones físicas no son rutinarias, las amenazas son comunes, lo que conduce a equipos de trabajo "quemados" y poco atendidos.

García también recordó trágicos eventos en otras localidades, como lo sucedido en Ateca, donde trabajadores fueron detenidos por abusos, lo que resalta la necesidad de tomar en serio las advertencias sobre la seguridad en los centros.

Las condiciones laborales actuales, según García, son insostenibles, especialmente cuando las plantillas se reducen a causa de bajas o vacaciones sin sustitución, exponiendo a los trabajadores a situaciones de riesgo.

A pesar de las adversidades, García señaló que algunas empresas han comenzado a mejorar sus condiciones laborales, sin embargo, la normativa actual sigue marcando mínimos que no garantizan la seguridad de los trabajadores.

El enfoque de reforma necesario, según Mazo, debe involucrar a los educadores en el proceso, ya que la falta de consulta con ellos ha resultado en un sistema que no responde a las necesidades reales del sector.

El aspecto económico sigue siendo la prioridad en las decisiones del modelo de atención, lo que ha llevado a una creciente competencia entre las empresas que reduce aún más la calidad del servicio, según García.

Alberto Echevarría, de CCOO, se unió a las demandas, solicitando auditorías en todos los centros de menores para asegurar que se cumplen las normativas vigentes y criticando que, en muchas ocasiones, ni siquiera se alcanzan las condiciones mínimas exigibles.

En caso de incumplimientos, Echevarría exigió que se revierta la externalización y que la Administración asuma su responsabilidad directa en la gestión de los centros.

Las organizaciones solicitaron, además, la implementación de protocolos claros sobre cómo actuar ante denuncias previas y una revisión profunda de los perfiles de los menores atendidos para garantizar que se cumplan las normativas.

Mazo también propuso que los trabajadores tengan un acceso directo a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia en situaciones críticas, sin depender de las entidades gestoras que a menudo no están disponibles.

Finalmente, los representantes sindicales rechazaron el cierre de centros en Aragón, resaltando que dos instalaciones están en proceso de cierre, a pesar de que actualmente se encuentran sobreocupados, con una población total de alrededor de 300 menores y cerca de 600 trabajadores en el sistema.