En Zaragoza, a 16 de enero, se ha dado un nuevo paso en la batalla legal por la educación en Aragón. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha aceptado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el sindicato CSIF en relación con la Orden emitida el 27 de noviembre de 2025, que prevé la introducción de conciertos educativos para el Bachillerato a partir del año académico 2026-2027.

La organización sindical ha subrayado que esta etapa educativa, hasta ahora no financiada por el Gobierno regional, podría ser gratuita en aulas privadas que lo soliciten, siempre que se garantice su financiación a través de los presupuestos del Ejecutivo aragonés y que se cumplan los requisitos establecidos para dichos centros.

En su argumentación, CSIF ha enfatizado que el Bachillerato, al no ser parte de la educación básica obligatoria, no está sujeto a la obligación legal de ser gratuito en centros concertados. Argumentan que la posibilidad de concertar el Bachillerato se encuentra en un terreno resbaladizo, ya que carece de un sólido sustento constitucional y no responde a los objetivos esenciales del régimen de conciertos educativos, poniendo en riesgo la correcta utilización del dinero público.

El sindicato defiende que la opción más sensata y legalmente fundamentada sería asegurar la gratuidad del Bachillerato en la red pública y apoyar a los estudiantes a través de becas y ayudas, en lugar de abrir la puerta a la concertación con instituciones privadas.

Mónica de Cristóbal, vicepresidenta de CSIF Aragón, ha calificado la concertación del Bachillerato como "innecesaria", argumentando que actualmente existen más de 2.500 plazas disponibles en centros públicos que aún no han sido ocupadas.

"Los recursos públicos deben destinarse a fortalecer la educación pública, la cual enfrenta serias carencias en términos de personal tanto docente como no docente, así como problemas de infraestructuras", ha declarado de Cristóbal, quien ha manifestado su firme oposición a cualquier intento de privatizar la educación por parte del gobierno autonómico. Además, ha adelantado que el sindicato seguirá luchando en las calles mientras se mantenga abierta la vía judicial.