El Supremo plantea consultar al TJUE sobre regularización migratoria y posible conflicto europeo

El Tribunal Supremo ha decidido solicitar a las comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria de migrantes si consideran conveniente remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La decisión se produce tras los recursos presentados por Aragón y la Comunidad Valenciana, en un contexto de incertidumbre jurídica. La sala de lo Contencioso-Administrativo ha otorgado cinco días para que las partes expresen su parecer.

El debate surge a raíz del régimen de regularización establecido en unas normativas complementarias del real decreto, que suscitan dudas sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria, en particular el Pacto de Migración y Asilo (PMAUE). La cuestión clave es si, en ausencia de trasposición de la Directiva de Retorno, las personas en situación irregular en España pueden acceder a un derecho de residencia temporal en lugar de ser sometidas a una orden de retorno.

Esta decisión del Supremo refleja una tensión entre la normativa española y las obligaciones europeas, en un escenario donde la regulación migratoria ha sido objeto de debate político. La posible colisión normativa podría tener repercusiones en la política migratoria del país y en la interpretación de la ley comunitaria en España.

Desde un punto de vista político, la iniciativa evidencia las discrepancias entre las comunidades autónomas y el Gobierno central respecto a la gestión migratoria. La decisión también puede influir en futuras reformas legislativas y en la postura del Estado ante la Unión Europea en materia migratoria.

El pronóstico apunta a que, en los próximos meses, el Tribunal de Justicia de la UE podría pronunciarse sobre si la normativa española cumple con el marco comunitario. Este proceso marcará la pauta para futuras regularizaciones y la interpretación de las obligaciones europeas en materia migratoria en España.