El PSOE pide que Justicia de Aragón paralice la retirada de ayuda a menores extranjeros

El Gobierno de Aragón ha decidido eliminar la asignación económica semanal destinada a gastos personales de menores extranjeros no acompañados en situación de tutela. La medida, anunciada recientemente, afecta a un colectivo vulnerable y genera controversia política en la comunidad.

El PSOE ha presentado una petición formal ante la institución del Justicia de Aragón, Pilar Gimeno, solicitando su intervención para investigar si la decisión del Ejecutivo autonómico cuenta con respaldo legal y técnico. La formación política argumenta que la medida podría vulnerar derechos y procedimientos establecidos en la legislación de protección infantil.

Este asunto se enmarca en un contexto de tensiones políticas en Aragón, donde el Gobierno autonómico liderado por Jorge Azcón ha impulsado políticas que, desde la oposición, se califican de segregadoras y discriminatorias. La retirada de ayudas económicas a menores en situación de vulnerabilidad ha sido interpretada como un cambio de rumbo en la protección de colectivos inmigrantes.

Desde la perspectiva política, la medida refleja las tensiones existentes entre el Ejecutivo y las instituciones judiciales y de protección social. La oposición, encabezada por el PSOE, busca que el Justicia garantice que la decisión cumple con la legalidad y los derechos de los menores, mientras el Gobierno autonómico defiende su autonomía para gestionar recursos y prioridades.

El debate plantea también una reflexión sobre las políticas de integración y protección en Aragón, en un contexto donde otras decisiones recientes, como el incremento en el módulo de vivienda protegida, han generado controversia. La resolución del conflicto dependerá en gran medida de la evaluación legal que realice el Justicia en las próximas semanas.

El futuro de la medida dependerá, en última instancia, de si la Administración autonómica revisa o mantiene su decisión tras los informes jurídicos, en un escenario donde la protección de los derechos de los menores sigue siendo un tema prioritario en la agenda política de Aragón.