El PSOE denuncia que la concertación del Bachillerato en Aragón busca privatizar la educación pública
La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha criticado la propuesta del Gobierno en funciones del PP para concertar el Bachillerato, calificándola de medida que favorece la privatización y la asfixia de los servicios públicos. La iniciativa, que ha sido anunciada en un contexto de negociaciones entre el PP y Vox para formar gobierno, ha sido recibida con rechazo por parte de sindicatos y organizaciones educativas que preparan recursos judiciales en defensa de la enseñanza pública.
Este anuncio se produce en un escenario político marcado por la inestabilidad y la falta de un ejecutivo en plenas funciones, lo que genera dudas sobre la legitimidad y la viabilidad de cambios de gran calado en el sistema educativo. La oposición y las organizaciones del sector consideran que la medida responde a una orientación ideológica que prioriza el modelo privatizador, en línea con las posturas de Vox, con quienes el PP mantiene negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno.
Desde el PSOE, Alegría ha señalado que la propuesta no responde a necesidades educativas, dado que Aragón cuenta con alrededor de 2.000 plazas públicas sin cubrir, y ha recordado la falta de inversiones en infraestructuras y recursos en la educación pública, especialmente en zonas rurales y en colegios de los años 50 y 60 que requieren remodelaciones. La líder socialista también ha criticado la opacidad con la que se ha anunciado la medida, sin un debate previo ni explicaciones públicas adecuadas.
El debate en torno a la concertación del Bachillerato se enmarca en una polémica política mayor, en la que la oposición denuncia que las decisiones en materia educativa se están adoptando en un contexto de provisionalidad y sin un consenso amplio. La situación refleja las tensiones entre un gobierno en funciones, con escasos apoyos claros, y las fuerzas de la oposición que buscan frenar lo que consideran un proceso de privatización acelerado.
En un contexto más amplio, esta confrontación evidencia las dificultades para mantener una política educativa estable en Aragón en medio de un escenario de negociaciones políticas en el que los intereses ideológicos y la gestión de recursos públicos parecen confluir en decisiones polémicas. La movilización de sindicatos y organizaciones educativas refleja una preocupación creciente por el impacto de estas medidas en la calidad y la equidad del sistema escolar público en la región.